“Estoy convencido de que la acción que estoy definiendo y mi equipo de Gobierno garantizarán que no seamos censurados”, aseguró la noche del lunes François Bayrou, en una entrevista en televisión, tras desvelar su gabinete, dominado por pesos pesados del macronismo y figuras conservadoras.

“Las mismas causas producirán los mismos efectos”, vaticinaba hace unos días Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierdas Francia Insumisa, en una entrevista en Le Parisien. “François Bayrou no pasará del invierno”. Además, apenas dos semanas después de su nombramiento, la publicación de un sondeo IFOP acaba de revelar una impopularidad inédita para un jefe de Gobierno recién nombrado.

A diferencia de su predecesor, Michel Barnier, que apenas dialogó con las fuerzas progresistas y que se concentró (sin éxito) en asegurarse la abstención de la extrema derecha, Bayrou pareció en los primeros días adoptar una estrategia enfocada a convencer a una parte de los diputados de izquierda –socialistas, comunistas y ecologistas– para que no voten las previsibles mociones de censura que se activarán contra él –Francia Insumisa ya ha anunciado la presentación de una el próximo mes–.

Pero la composición de su equipo no parece haber sido bien recibida por nadie fuera de la coalición de centro y derecha, y la orientación del Ejecutivo se antoja similar a la del precedente. “Esto no es un gobierno, es una provocación. La derecha extrema en el poder bajo la atenta mirada de la extrema derecha”, reaccionó el líder de los socialistas, Olivier Faure.

Entre las pocas diferencias con el Ejecutivo de Barnier está la vuelta de figuras cercanas al presidente Emmanuel Macron, como Élisabeth Borne y Gérald Darmanin. En este sentido, los medios franceses subrayan la ausencia de fieles de Gabriel Attal, antiguo primer ministro y actual presidente del partido macronista; una exclusión que parece marcar un poco más la distancia que se ha creado entre Macron y el nuevo jefe del partido.

Por otro lado, la entrada de Manuel Valls en el Gobierno ha sido percibida como una provocación adicional por los socialistas –el ex primer ministro y candidato de Ciudadanos está enfrentado con buena parte de su antigua familia política–. Según Faure, en su primera semana en el cargo tras su nombramiento por parte de Macron, Bayrou “no ha respetado ninguna de las condiciones del pacto de no censura propuesto por la izquierda”. Estas condiciones incluían “no depender de la extrema derecha”, y “no forzar leyes con el artículo 49.3” de la Constitución, que permite la aprobación de textos legislativos sin votación parlamentaria. “Si no hay un cambio de rumbo, habrá censura”, advirtió Faure en una entrevista matinal en RMC/BFM-TV.

No obstante, existen dos posibles terrenos de negociación con los que el primer ministro podría tratar de convencer a los socialistas: un acuerdo sobre los presupuestos o una revisión de la polémica reforma de las pensiones de 2023, cuya derogación reclama toda la izquierda. El primer ministro ha descartado la hipótesis de la anulación total, que considera imposible en vista del estado de la deuda pública, pero se ha mostrado dispuesto a una modificación del texto. La convocatoria de una “conferencia social” sobre las pensiones podría ofrecer una salida.

Por otro lado, François Bayrou dispone de dos meses para trabajar en los presupuestos y convencer a un número suficiente de diputados –de izquierda o de extrema derecha– para poder sacarlos adelante. Esto podría realizarse consiguiendo suficientes votos para una aprobación parlamentaria de los textos presupuestarios o bien, si el Gobierno decide forzar la aprobación sin votación, consiguiendo que se abstengan en la previsible moción de censura que se activaría entonces.

Una de las figuras claves en esa posible negociación será Éric Lombard, el nuevo ministro de Economía. Alto funcionario y antiguo banquero, es una figura popular entre los socialdemócratas –fue consejero en gobiernos socialistas en los años 90–.

Si no consigue el apoyo –ni la abstención– de la izquierda, el futuro de François Bayrou quedaría en manos de Marine Le Pen, como le ocurrió a Michel Barnier. La postura de la extrema derecha es que no censurará “a priori” pero que sí que lo harán si no están satisfechos con los textos presupuestarios, como ya le ocurrió a Barnier.

En este sentido, el nombramiento del nuevo ministro de Justicia está provocando muchas especulaciones. El favorito para ocupar esa cartera era Xavier Bertrand, presidente conservador de la región de Hauts-de-France y bestia negra de Marine Le Pen, a la que derrotó en las elecciones regionales.

Aunque en público los miembros del partido de Le Pen habían dicho que la nominación de Bertrand no sería casus belli para una censura gubernamental, según publicó el lunes el semanario L'Express, una llamada telefónica de Marine Le Pen fue decisiva para bloquear a Bertrand. Esta versión ha sido confirmada por el propio Bertrand en redes sociales. En su lugar, fue nombrado para el cargo el macronista Gérald Darmanin.

Rápidamente, políticos y periodistas especularon con la posibilidad de un vínculo entre el veto de Le Pen a Bertrand para el puesto de ministro de Justicia y el hecho de que la líder de extrema derecha espera el día 31 de marzo el veredicto en primera instancia del juicio sobre los asistentes parlamentarios de su partido, en el que corre el riesgo de ser condenada a una pena de inelegibilidad con efecto inmediato.

Darmanin fue uno de los primeros políticos en pronunciarse públicamente contra esa posible inhabilitación. “Aunque el tribunal considere que debe ser condenada, no puede serlo también electoralmente, sin permitir la expresión del pueblo”, afirmó entonces.

Bayrou negó esta interpretación el lunes en una entrevista en televisión. “No es cierto que se haya ejercido influencia alguna sobre mí. Ya he visto en periódicos que la señora Le Pen me había llamado por teléfono. Tampoco es cierto”.

Bayrou también está repitiendo que una moción de censura agravaría la situación de bloqueo del país, como medio para presionar a diputados de algunos partidos que podrían no querer votar una nueva destitución que podría sumir al país en una crisis política aún más profunda. “Creo que todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad”, repitió el lunes. “Creo que estamos en una situación extremadamente difícil, la más difícil que hemos tenido desde la guerra, con un país que no tiene presupuestos, un país que no tiene mayoría, un país en el que un gran número de franceses piensa que se les ha dejado de lado, que no se les presta atención”.