Bruselas, y también América Latina, son destino frecuente para los grupos de presión españoles que luchan por acabar con el derecho al aborto, el matrimonio homosexual o la perspectiva feminista. Conscientes de la incesante labor legislativa que realiza la Unión Europea, el ultracatolicismo español ha comenzado a hacer acto de presencia en la capital belga. Como ejemplo destacan dos iniciativas que en los últimos años han invertido grandes sumas de dinero para promover y realizar un lobby religioso que de por sí cuenta con un trato privilegiado en las instituciones comunitarias, tal como ha revelado eldiario.es este miércoles.

Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y exeurodiputado con el Partido Popular, e Ignacio Arsuaga, presidente de la asociación española HazteOír, son el puente de unión entre la estructura del lobby religioso en Bruselas y las organizaciones más conservadoras de España.

Corría marzo de 2012 cuando Jaime Mayor Oreja, aún en su escaño del Europarlamento, promovió una Iniciativa Popular Ciudadana (ECI, por sus siglas en inglés) en la cámara comunitaria "en defensa de los no nacidos". La ECI con el récord histórico de apoyos —llegó a recoger 1.721.262 firmas— no fue aprobada por la Comisión Europea, pero devino un año después en la creación de la Federación Europea One of Us. Más recientemente, a comienzos de este año, Mayor Oreja lanzó en París la "plataforma cultural" One of Us, "un think tank provida paneuropeo" que también dirige el exdirigente del PP.

Así, Mayor Oreja abandonó su escaño en el Parlamento Europeo, pero durante toda su jubilación política no ha dejado de visitar frecuentemente Bruselas. De hecho, One of Us continúa celebrando una vez al año su 'Semana por la Vida' en las dependencias de la UE, a la que suelen acudir representantes del Partido Popular Europeo. Su último anuncio ha sido la adhesión de varias universidades españolas, como la CEU San Pablo (Madrid) o las católicas de Ávila y Murcia, a la plataforma cultural de One of Us este verano.

Los ánimos expansionistas de Mayor Oreja le han llevado asimismo a sobrepasar las fronteras europeas y aterrizar en América Latina, en este caso a través de la Red Política por los Valores, de la cual es impulsor y hoy en día presidente de honor. Esta red incorpora a representantes políticos de todo el mundo, entre ellos a varias figuras de la derecha latinoamericana, para proteger "la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad religiosa". De hecho, el pasado mes de abril la Red Política por los Valores celebró en Bogotá (Colombia) su III Cumbre Transatlántica, en la cual participó, junto a otros políticos conservadores de la región, el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Esta misma semana, Jaime Mayor Oreja presentaba One of US en Santiago de Chile para cargar contra la "ideología de género", "en defensa de la vida" y contra el matrimonio homosexual.

Para Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica y exasesor de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, estos grupos "le hacen el trabajo sucio a la Iglesia" a través de numerosas actividades, como recogidas de firmas online, marchas, foros, eventos en el Parlamento o creación de medios de comunicación. Algunas organizaciones incluso se especializan en participar en litigios, como Abogados Cristianos o Profesionales por la Ética.

El lanzamiento de One of Us fue posible gracias al apoyo de la Fundación Valores y Sociedad, creada en 2011 por el propio Mayor Oreja. Según las cuentas depositadas en el Registro Nacional de Fundaciones, hasta 2015 el grupo había invertido más de 150.000 euros en la iniciativa. La mayoría de ese dinero, a su vez, había sido recabado por Mayor Oreja a través de sus buenas relaciones con diferentes fundaciones y empresas, con las que ha ido cerrando convenios de colaboración por valor de 267.00 euros en esos cinco años.

En cuanto a sus miembros, One of Us aglutina a 17 organizaciones católicas españolas como Profesionales por la Ética o Cidevida, a las que pertenecen hasta once ex altos cargos del PP como la expresidenta de los populares vascos María San Gil o el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Por su parte, HazteOír —fundada en 2001— y CitizenGo, cuyo ideario hace mención a la "concepción cristiana de la vida y la sociedad como inspiradora" de sus valores, han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. En 2008, HazteOír declaró unos ingresos de 357.000 euros. En las últimas cuentas publicadas en su web, las de 2017, ya eran cerca de 2.500.000 euros, siete veces más que nueve años antes. Su filial internacional, CitizenGo, pasó de ingresar 76.600 euros en 2013 a 1.146.000 euros en 2015, año de sus últimas cuentas disponibles en el Registro Nacional de Fundaciones.

Ese crecimiento, que le ha servido entre otras cosas para aumentar su plantilla o financiar Actuall, su propio medio online —contó con un presupuesto de más de medio millón de euros en 2016—, se ha producido al amparo de la declaración de utilidad pública. Otorgada en 2013 por el exministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, la nueva condición le permitió ofrecer ventajas fiscales a sus donantes, que podían desgravar sus aportaciones. En febrero de este mismo año, tras incluir en sus cuentas de 2017 la campaña del autobús tránsfobo, la declaración de utilidad pública le fue revocada por el actual ministro del Interior en funciones del gobierno del PSOE, Fernando Grande-Marlaska.

El portavoz de CitizenGo sostiene que la decisión de quitarles la declaración de la utilidad pública es una "medida ideológica que busca la ruina económica" de la asociación, ya que entre 2012 y 2017 el 60% de sus ingresos procedió de las cuotas de los afiliados. A pesar de ello, confían en que no afecte a las cuentas de HazteOír: "La mayoría de nuestros donantes han mantenido su ayuda, y en muchos casos han pasado a donar más, conscientes del intento del Gobierno de silenciar las voces disidentes".

Mientras tanto, Arsuaga continúa con la internacionalización de su discurso: "Rezad. Rezad por la familia natural, rezad por nuestras familias. Confiad en Dios y en la divina Providencia. Con la ayuda de Dios ganaremos la batalla cultural más pronto que tarde", dijo en el último Congreso Mundial de las Familias celebrado en Verona el pasado mes de marzo, donde compartió lista de ponencias con el líder de la Liga italiana Mateo Salvini.

En su batalla cultural, las asociaciones ultracatólicas españolas tienen claros sus adversarios: lo llaman ideología de género, industria abortista, detractores de la familia natural, 'lobby gay'... pero también sus aliados. Vox no solo ha absorbido su vocabulario sino que también ha trasladado las ideas de estas organizaciones al poder legislativo. En concreto, el partido de Abascal ha incorporado a sus listas a, al menos, 16 nombres que forman parte de una red cuya influencia se extiende hasta Bruselas. De ellos, cinco son ya representantes públicos en las instituciones españolas.

Lourdes Méndez, diputada en el Congreso con Vox y ex del PP, es también presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana y colabora con One of Us. En la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio tiene entre sus diputados a tres personas procedentes de este entorno: Mariano Calabuig (cofundador del Foro de la Familia), Gádor Joya (miembro de la directiva de HazteOír) y Alicia Verónica Rubio (vicesecretaria de Movilización de Vox y miembro de Profesionales por la Ética).

Esta influencia no se queda ahí, sino que también alcanza el poder municipal a través de una ciudad tan importante como la capital de Andalucía, Sevilla, en cuyo Ayuntamiento Cristina Peláez (colaboradora de Red Madre y Derecho a Vivir, ambas bajo el paraguas de HazteOír) es la única concejal del partido. A nivel europeo, Francisco José Contreras (directivo de HazteOír y patrono de la Fundación Valores y Sociedad) se quedó a las puertas de entrar en el Parlamento —ocupó el número cinco en la lista de Vox, que solo consiguió tres escaños—.

Paralelamente, el Partido Popular también ha llevado al primer plano político a dos figuras con conexiones arraigadas en el ultracatolicismo español. Una de ellas es Adolfo Suárez Illana (vocal de Red Madre hasta este verano y miembro de One of Us), número dos de la formación por Madrid y secretario tercero de la Mesa del Congreso de los Diputados. En el Senado le secunda Javier Puente (vicepresidente de la Asociación Familia y Dignidad Humana), repescado por Pablo Casado tras ser uno de los diputados rebeldes que rompieron la disciplina de voto del PP en la paralización de la reforma de la Ley del Aborto en 2015.

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La presencia de voces ultracatólicas en la política española ha tenido su último reflejo en el pacto de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Vox intentó hasta el último momento que el nuevo Gobierno derogara parte de las normas regionales de identidad de género y contra la LGTBIfobia, aprobadas por Cristina Cifuentes, aunque el documento final no incluyó tales demandas. No obstante, Díaz Ayuso se comprometió a luchar contra "el machismo, pero no contra los hombres" y a crear una Consejería de Familia Asuntos Sociales y Natalidad, cesiones que contentaron a los diputados del partido de extrema derecha que defienden las ideas más conservadoras del catolicismo.

Mañana la tercera parte de esta investigación abordará el intento de mudanza de una pareja homosexual a Rumanía, que provocó la reacción del lobby religioso en Bruselas.

Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.