La motosierra de Javier Milei ha empezado a socavar la política de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, con despidos masivos, el ahogo financiero de los sitios de memoria y el “cierre por reestructuración” del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Todo ocurre en un contexto de estigmatización de los organismos de derechos humanos y de difusión de un discurso negacionista de la dictadura desde el mismo Ejecutivo.

El gobierno ultraderechista ha mantenido cerrado desde el 2 de enero el Conti, que se creó en 2008 y funciona en el antiguo campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro de detención y tortura más emblemático de la dictadura militar. Según el comunicado de Alberto Baños, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la medida es “a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”.

Baños debió aclarar que no se trataba de una clausura definitiva, pero lo que más preocupa es qué intervención se hará en el espacio, ya que el funcionario representó al Ejecutivo argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia del 14 de noviembre y dijo que abogaba por la “memoria completa”, un eslogan que comparte con la vicepresidenta Victoria Villarruel y que se hace eco de las reivindicaciones de los sectores militares que piden que aparezca la memoria de los represores.

La Corte Penal Internacional estableció que los delitos que se cometieron desde el Estado son imprescriptibles y de lesa humanidad.

El desmantelamiento de la institución se suma a una ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene su sede desde hace nueve años en el predio donde funcionó el centro de detención, tortura y exterminio de la Armada. “Hacia finales de 2023, cuando empezó el gobierno de Milei, éramos 1050 trabajadores en la Secretaría de DDHH. A finales de 2024 éramos 800 y el 31 de diciembre fueron despedidos 252 compañeros. De los 548 ya sabemos que a 30 no les renuevan los contratos y 300 tienen serio peligro de perder sus puestos de trabajo”, explica a elDiario.es Octavio Rampoldi, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“En el Conti se quedan sin trabajo 60 de los 87 trabajadores, que son personas capacitadas con la temática. ¿Cómo se sostiene con 20 personas? Baños dijo que cierran por un mes, para reestructurarlo, pero no responde a los pedidos de reunión. No sabemos qué quieren hacer, si van a proyectar una película Disney”, añade.

Para denunciar el desmantelamiento de una política pública que ha sido referencia en el mundo, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales y artistas realizaron un festival el pasado 4 de enero en el predio de la ex ESMA ante miles de personas. Allí, Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo a las claras cuán vivo está el recuerdo de los desaparecidos y el robo de bebés por parte de la última dictadura cívico-militar. “Quisiera tener un mano a mano con Villarruel, Milei y compañía y preguntarles si están de acuerdo con sus amigos genocidas de haberse apropiado de los bebés. Todas, Abuelas y Madres hemos recuperado 138 nietos”, afirmó.

La noticia del último nieto recuperado fue anunciada por Abuelas de Plaza de Mayo el 27 de diciembre, antes de que llegaran los telegramas de despido de fin de año. Se trataba de un bebé que había sido arrebatado a su madre, Marta Enriqueta Pourtalé, que estaba detenida en la ESMA en el mayor centro clandestino que operó en la dictadura militar (1976-1983).

Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala a elDiario.es que el Ejecutivo de Milei lleva adelante un programa decidido de achicamiento de las políticas de derechos humanos en general y del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en particular. “Por lo que estamos reconstruyendo se están reduciendo entre un 40% y 50% las plantas de personal vinculadas a la institucionalidad de los derechos humanos: el Archivo de la Memoria, el Conti, los sitios de Memoria, distintos espacios donde se promueven y desarrollan políticas vinculadas con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que correspondían al Poder Ejecutivo. Las últimas decisiones del gobierno tienen que ver con un proceso que se fue dando durante el año de desgaste en lo retórico, con discursos negacionistas, revisionistas o reivindicatorios de la última dictadura y de estigmatización y ataque a los organismos que han tenido algo que ver con esa política de derechos humanos”.  

La situación de los sitios de memoria en la ciudad de Buenos Aires es alarmante. En el espacio Virrey Cevallos, ex centro clandestino de la Fuerza Aérea, despidieron a cinco de los siete empleados. En el ex centro Automotores Orletti —base del Plan Cóndor— echaron a dos trabajadores de seis que había. En el ex Olimpo estiman que quedarán cinco empleados y despidieron a seis. En el ex Club Atlético tienen la mitad del personal que a comienzos de 2024, según los datos aportados por ATE.

En el interior de Argentina el panorama también es desalentador. En el Faro de Mar del Plata quedaron tres trabajadores de cinco y en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes sólo continúan dos empleados.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) quedará reducida a poco más del 30%. Además, la mitad de los trabajadores del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado se quedaron sin empleo. 

Rampoldi, que está en el área audiovisual del Archivo Nacional de la Memoria, sostiene que se vacían los espacios de personas capacitadas en la materia: “Son conjuntos de saberes que se tienen desde hace más de 20 años, son profesionales, abogados, pedagogos e investigadores que aportan en las causas por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, despiden a un técnico especializado en preservar el sitio de memoria, cuyo trabajo podría reforzar el testimonio de un sobreviviente”. 

Litvachky afirma que desde los organismos de derechos humanos llaman a mantener vivos la movilización social y el debate político en Argentina: “El acto el sábado pasado en la ESMA a partir del cierre del Conti fue muy importante, la idea de que la 'memoria arde' (el lema de la convocatoria) tiene que aparecer en las calles, en los debates sociales, en las discusiones para sostener la legitimidad del proceso y trabajar, tratar de evitar o restringir los daños que este gobierno está dispuesto a hacer en mucho de lo que se construyó durante estas décadas”. 

La experta agrega otro aspecto clave en esta resistencia al socavamiento de la memoria: “Buscamos poner en conocimiento de la comunidad internacional y de las instancias de protección internacionales de derechos humanos las regresiones y los problemas de financiamiento y posicionamientos del Gobierno contrarios a lo que ha sido valorado internacionalmente como un ejemplo de proceso memorial de justicia en el mundo”.