La jueza de Estados Unidos Loretta Preska solicitó al Gobierno de Javier Milei que informe dónde está el oro de las reservas del Banco Central que movilizó el año pasado hacia el exterior.

Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era Repsol. En la década previa a la nacionalización, las utilidades de Repsol crecieron exponencialmente y le permitieron a la firma expandir sus activos internacionales, mientras las reservas de gas y petróleo declinaban en forma acelerada, según denunció el Gobierno peronista de centroizquierda.

El fondo Burford, con sede en Londres, demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi.

A instancias de los Kirchner, esa familia había comprado 25% de las acciones a Repsol, en un proyecto fallido de fomentar un control argentino de la petrolera. Los Eskenazi se endeudaron con Repsol para la compra, y, tras la estatización, entraron en quiebra.

La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, el año pasado dictó una sentencia de primera instancia en la que determinó que Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la nacionalización y perjudicó a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, condenó al país a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses a Burford, pero eximió de responsabilidades a YPF.

El fallo fue apelado, ya que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia y los demandantes - los fondos Burford y Capital- piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Las tres partes (Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron los escritos solicitados y ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de forma anticipada la indemnización. Como demandantes pueden solicitar información sobre bienes del demandado, de modo que se puedan identificar los bienes embargables. Así, obtendrán los datos sobre los lingotes de oro que salieron de la bóveda del Banco Central el año pasado y que el Ejecutivo de Milei se negó a explicar a la opinión pública argentina ante reiterados pedidos de información. 

Según las estimaciones del mercado, el gobierno ultraderechista despachó 6 toneladas de oro hacia el extranjero. Se calcula que cerca del 60% de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido enviadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en ese momento se limitó a confirmar que había enviado al extranjero los lingotes sin detallar cuántos ni adónde. “Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno”, dijo, justificando la medida para ganar rentabilidad.

La defensa argentina argumentó a la justicia de EEUU que el oro es propiedad del Banco Central y no del gobierno nacional. Pero la jueza Preska señaló que, sin importar si las reservas de oro están bajo la custodia del Banco Central o no, Argentina tiene la obligación de proporcionar cualquier documentación en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales de Estados Unidos. La magistrada lanzó una advertencia a la Argentina: “Se ha invertido más tiempo y dinero en discutir la entrega de estos documentos que en producirlos y entregarlos”.

El economista Horacio Rovelli señala a elDiario.es que el Ejecutivo argentino debió haber informado al Congreso la salida del oro al extranjero: “El gobierno jamás tendría que haber sacado el oro de las reservas del Banco Central, y menos decirlo alegremente como hizo el ministro de Economía, Luis Caputo. Le tendría que haber informado al Congreso, porque es una atribución del legislativo el manejo de las reservas internacionales. La Asociación Bancaria había demostrado que hubo varios viajes, por un total equivalente a unos 2.500 millones de dólares que sacaron en lingotes de oro. Ahora Caputo tiene que informarle a la jueza Preska a dónde giró ese dinero y yo creo que podría ser embargable, porque está afuera del Tesoro del Banco Central y sujeto a interpretación de la jueza”.

Una de las mayores amenazas que ven algunos economistas como Rovelli es el peligro de embargo del oro en el exterior. Ahora bien, bajo las normas de Estados Unidos ese escenario se restringe. Existen tres requisitos: que el bien debe ser del propio demandado, en este caso del Gobierno argentino; que el bien que se pretende embargar debe estar dentro de Estados Unidos y el tercero, que el Estado Nacional use ese bien para una actividad comercial. 

Los fondos buitre están a la espera de cualquier ventaja que puedan sacar con las acciones de la petrolera. Uno de los objetivos de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. Esto incluye propiedades consulares, cuentas bancarias y también las reservas de oro.

En el fallo de Preska se incluyeron observaciones sobre la integridad de los documentos entregados por Argentina hasta el momento. Es que los papeles solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, que generan un alto interés internacional. Los fondos piden que el país entregue información para comprobar que ciertas entidades manejadas por Argentina son extensiones del Estado y que pueden ser parte de la ejecución de la sentencia. El caso por la nacionalización de YPF es considerado una de las disputas más relevantes entre un Estado soberano y acreedores internacionales.