Nuevo varapalo judicial para Donald Trump. Un juez federal de Massachusetts ha ordenado pausar temporalmente la fecha límite que tenían los funcionarios estadounidenses para decidir si aceptaban la oferta de la Administración Trump para renunciar a su puesto de trabajo a cambio de indemnizaciones.

La cuenta atrás para decidir si aceptaban la oferta de bajas incentivadas, que incluía seis meses remunerados hasta septiembre, terminaba este jueves a la medianoche.

Los trabajadores habían sido informados de la oferta la semana pasada, teniendo tan solo nueve días para tomar una decisión sobre una propuesta sobre la que aún no está claro que el Gobierno realmente tenga autoridad para aplicarla. Durante estos días, los funcionarios habían recibido constantes presiones en forma de emails de aceptar la oferta bajo riesgo de poder ser despedidos más adelante. 

La oferta de la Administración Trump es un movimiento paralelo a los recortes que está liderando Elon Musk dentro de las agencias federales y pretendía allanarle el camino a su mano derecha. Despedir un funcionario no es tan fácil, por lo que si los empleados aceptaban la oferta, Musk y su grupo de trabajo DOGE se ahorrarían meses de enfrentamientos legales. 

Tres sindicatos que representan a más de 800.000 trabajadores federales presentaron una demanda el martes pidiendo una orden de restricción temporal para detener el plazo de la propuesta, calificando la oferta de “ultimátum arbitrario, ilegal y con un plazo corto”.

Finalmente, pocas horas antes de que terminara el tiempo de descuento, el juez ha frenado la propuesta y ha programado una nueva audiencia para el próximo lunes a las 14:00. 

Según el Washington Post, más de 400.000 funcionarios ya habían aceptado la oferta de Trump el miércoles por la tarde. La presión en los últimos días había ido en aumento mientras continuaba el goteo con una oferta similar para los trabajadores de la CIA.

El nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, ofreció a sus empleados ocho meses de sueldo a cambio de su renuncia, emulando la propuesta de Trump. La CIA teóricamente es una agencia independiente al Gobierno, pero aun así el nuevo elegido del presidente está aplicando las mismas tácticas para purgar la plantilla. 

Ya son varias las medidas de la Administración Trump que han sido frenadas por la Justicia. Una de ellas ha sido la orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes indocumentados. Una jueza federal de Maryland emitió este miércoles una orden preliminar que paraliza a nivel nacional el decreto tras una audiencia con cinco mujeres embarazadas sin papeles.

De acuerdo con el fallo, la orden ejecutiva de Trump viola la Enmienda 14 de la Constitución y afirma que negar “el precioso derecho a la ciudadanía causará un daño irreparable” al país. La orden de la jueza tiene aplicación a nivel nacional y es más permanente que la de restricción temporal emitida el pasado 23 de enero por otro juez federal, de Seattle, que también consideró 'inconstitucional' la orden ejecutiva de Trump.

También, hace apenas unos días, el pasado viernes, un segundo juez federal bloqueó temporalmente la congelación de todas las subvenciones y préstamos federales del Gobierno republicano de Trump, que decidió rescindir la medida tras un veto previo de otro magistrado.