Una casa de dos plantas en una urbanización cerrada de Benavídez, en Tigre (Buenos Aires). Una habitación de juegos conectada a la cocina por un biombo en el que improvisaron una “sala de hospitalización domiciliaria”: ventanas tapiadas, un televisor apagado, una silla higiénica, un sillón de masajes, una cama.

El juicio para determinar las responsabilidades por su fallecimiento arranca este martes.

¿Qué pasó entre el 11 de noviembre, cuando Maradona salió de la Clínica Olivos de Buenos Aires tras ser operado de un hematoma subdural, y el 25 de ese mes, el día de su muerte? ¿Quién o quiénes programaron esa “hospitalización domiciliaria” en un lugar que, todo indica, no estaba en condiciones? ¿Quién o quiénes decidían sobre la salud de Maradona? ¿Estaba él en condiciones de decidir sobre su propia salud? ¿Cuán aislado estuvo el exfutbolista de su familia durante esos 14 días? ¿Cómo era la cadena de mando y dónde empiezan y terminan las responsabilidades?

Los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, consideran que las ocho personas a cargo de su rehabilitación “infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo”, que existen “factores circunstanciales notoriamente burdos” y que “el desenlace fatal podría haberse evitado”. Hay pruebas de sobra y, según los fiscales, son contundentes. No solo han reconstruido la historia clínica de Maradona en los 20 años previos a su muerte, sino que también cuentan con la conclusión de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el caso: 17 de los 22 peritos determinaron que hay responsabilidad penal en su muerte.

Los acusados son Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicoanalista; Nancy Forlini, médica y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom (empresa subcontratada por Swiss Medical para cuidados domiciliarios); los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid (esta última ha solicitado un juicio con jurado y su proceso será aparte); y Pedro Di Spagna, médico clínico.

Para todos ellos pesa la misma imputación: homicidio simple con dolo eventual, un delito que conlleva una pena de entre ocho y 25 años de cárcel.

Con distintos grados de responsabilidad, cada uno formó parte del plan que pretendía “rehabilitar” a Maradona tras la cirugía por el hematoma subdural y también desintoxicarlo del consumo de alcohol. Todos pertenecen al ámbito de la salud y sobre ellos recaía el cuidado del exfutbolista, pero también interactuaban con otras personas dentro de la casa: su sobrino Jonathan Espósito, su asistente personal Maximiliano Pomargo y al menos tres miembros de seguridad. Según la investigación, solo ellos podían entrar en la habitación donde se atendía a Maradona en sus últimos días. De acuerdo con las declaraciones de los enfermeros, Maradona se negaba a tomar la medicación si se la administraban ellos, por lo que la tarea recaía en su sobrino Jonathan y su asistente Pomargo, bajo la mirada de un custodio. Tanto ellos como los abogados Víctor Stinfale y Matías Morla, este último también contacto directo de Maradona, estaban al tanto del dispositivo establecido. Sin embargo, en la causa los abogados, el sobrino, el asistente y los custodios solo declararon como testigos.

Maradona murió de una insuficiencia cardíaca. Pero, además de la autopsia, se recopiló información sobre su salud en los 20 años anteriores a su fallecimiento. Su estado era grave: cirrosis, enfermedad renal crónica, corazón agrandado, deterioro neurológico crónico, adicción al alcohol y a los psicofármacos, posibles enfermedades psiquiátricas y síndrome de abstinencia. Para los fiscales, los imputados eran plenamente conscientes de cada diagnóstico y “lo abandonaron a su suerte”.

Leopoldo Luque, 43 años, neurocirujano. Fue señalado por los testigos como uno de los médicos de cabecera de Maradona y quien insistió en que la hospitalización domiciliaria era la mejor opción para la recuperación posquirúrgica. Los audios que envió los días previos a la muerte del exfutbolista lo comprometen, sobre todo por haber ocultado información sensible sobre su estado de salud a sus hijas Dalma, Giannina y Jana.

Según los fiscales, Luque evitó asistir y brindar atención adecuada, no realizó los controles ni convocó a especialistas y desestimó síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca. También está acusado de haber falsificado la firma de Maradona en una petición de historial clínico tras su internamiento en Olivos.

Agustina Cosachov, 40 años, psiquiatra. Conoció a Maradona en junio de 2020 por recomendación de Luque. Maradona la llamaba Droopy, como el personaje de dibujos animados. Está acusada de administrar incorrectamente la medicación y los psicotrópicos, ignorando los efectos adversos. También se la señala por haber falsificado un certificado médico de una visita que nunca realizó. Según la fiscalía, no supervisó personalmente la toma de medicación y manipuló a la familia al asegurar que todo lo que ocurría era “por decisión del propio paciente”.

Carlos Díaz, 33 años, psicoanalista especializado en adicciones. Se unió al equipo el 26 de octubre, un mes antes de la muerte de Maradona, a petición de Matías Morla. Está acusado de no haber dispuesto el ingreso del paciente en un centro de rehabilitación adecuado y de haber interferido en las indicaciones de Cosachov. También de haber manipulado a la familia respecto al estado real de salud del exfutbolista.

El juicio que empieza el martes busca esclarecer hasta qué punto los acusados actuaron con negligencia, qué nivel de responsabilidad recae sobre cada uno y si realmente se pudo evitar la muerte de Maradona.

El 18 de noviembre, una semana antes de su muerte, Maradona impidió que entraran en su habitación: “No es el momento”, escuchó Díaz. Fue él quien sugirió a la familia que el futbolista volviera a contactar por videollamada con “los campeones del 86”.

Díaz concluyó su declaración con estas palabras: “Más allá de la enorme tristeza por el fallecimiento de Maradona, quiero destacar que, tras décadas de sufrimiento y esclavitud con las adicciones, pudo terminar su vida libre de cualquier sustancia tóxica y comprendiendo que otra forma de vivir era posible”.

Algo de eso es cierto: cuando Díaz lo visitó por primera vez, Maradona bebía un promedio de seis latas de cerveza al día, alternadas con vino. Sin embargo, los resultados de la autopsia no encontraron indicios de consumo de alcohol.

Ricardo Almirón, de 41 años, y Gisella Dahiana Madrid, de 40, eran enfermeros contratados por Medidom, la empresa subcontratada por Swiss Medical para ofrecer cuidados a domicilio. Almirón rechazó la acusación: “Me contrataron para prestar servicios como enfermero a domicilio. Nunca recibí información sobre el estado de salud del paciente. No tenía instrumentos de control. Siempre estuve en la incertidumbre”. Tanto él como Madrid coinciden en que la única instrucción que recibieron fue administrar la medicación.

El problema es que el futbolista la rechazaba y no quería que entraran en su habitación. Por ello, preparaban las dosis y se las entregaban a su sobrino Jony y a su asistente Pomargo, quienes accedían a la habitación acompañados por un guardia de seguridad. “No podíamos ver si Maradona tomaba la medicación”, declaró Madrid.

Respecto a los controles diarios, los enfermeros aseguran que solo podían realizarlos si Maradona lo permitía. Cuando lograban hacerlo, registraban las prácticas, horarios y resultados en una planilla. Sin embargo, debían ocultar esos registros porque Maradona los buscaba para romperlos, ya que aseguraba que “le controlaban”. Para dejar constancia, los enfermeros tenían que transcribir la información o tomar una fotografía y enviarla inmediatamente al grupo de WhatsApp creado por los médicos responsables.

Almirón y Madrid hacían turnos de doce horas. Él comenzaba a las 19:00 y ella a las 07:00. La mañana de la muerte de Maradona, el relevo de turno no se hizo junto a la cama del paciente, como marca el protocolo, sino en el salón. Esto se debió a que otra de las instrucciones recibidas por parte de los médicos de cabecera era “no molestar al paciente”.

Mariano Perroni, de 44 años, era empleado de Medidom y su tarea consistía en coordinar a los enfermeros Almirón y Madrid. “Mi función no era tomar decisiones médicas, sino controlar el ingreso y salida del personal”, declaró ante la justicia. Sin embargo, la fiscalía sostiene que completó planillas con información que no reflejaba “el verdadero estado de salud y la atención médica que recibía Diego Armando Maradona”.

Según la acusación, Perroni mostró una actitud “desinteresada e indiferente” ante la situación de emergencia, ya que su equipo debería haber sido el primero en alertar sobre la condición del paciente. Perroni asegura que, cuando se contrató el servicio, le informaron de que Maradona estaba en tratamiento postquirúrgico, que era un paciente alcohólico y que se automedicaba. También sostiene que transmitió esta información a los enfermeros.

Perroni alega que seguía las órdenes de Nancy Forlini, otra de las imputadas. Forlini, de 56 años, era en ese momento la responsable médica de la gerencia de cuidados domiciliarios en Swiss Medical. En su declaración escrita, Forlini explicó que el 11 de noviembre, el día en que Maradona fue dado de alta en la Clínica Olivos, recibió una solicitud de cuidados domiciliarios.

Aquí surge una cuestión clave: ¿“cuidados domiciliarios” equivale a “hospitalización domiciliaria”? En su defensa, Forlini es tajante: “Nunca recibí una solicitud de hospitalización domiciliaria”. Según su versión, organizó un servicio de enfermería y acompañamiento terapéutico con cobertura 24 horas, subcontratado a Medidom. “Nos indicaron que serían los médicos personales quienes tomarían todas las decisiones”, sostiene.

Sin embargo, Perroni, el coordinador de los enfermeros de Medidom, asegura que Forlini era la única interlocutora. “Forlini me indicó que no me comunicara ni con los médicos tratantes ni con la familia ni con nadie de su entorno. Las instrucciones de Forlini venían dadas por Cosachov”, declaró.

Pedro Di Spagna, de 52 años, está acusado de no haber supervisado regularmente el estado de salud de Maradona. Según la investigación, solo acudió dos veces en 14 días a la casa de Tigre. La primera vez fue el 12 de noviembre, cuando realizó un chequeo personal al paciente y ordenó una serie de pruebas médicas: análisis de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma y ecodoppler.

Ese día, Maradona estaba estreñido tras haber comido brócoli con gambas al ajillo. Di Spagna sugirió incorporar a un nutricionista al equipo médico. Hasta ese momento, su única tarea era elaborar un informe para la aseguradora médica, lo que suponía el inicio del proceso de hospitalización domiciliaria.

Sin embargo, según el médico, Forlini le pidió que visitara a Maradona cada 15 días para hacer un “seguimiento”. La última vez que lo vio fue el 18 de noviembre. Asegura que no pudo examinarlo porque Maradona no se dejó. Al día siguiente preguntó si debía volver, pero Forlini le dijo que los médicos tratantes habían decidido que el paciente descansara el fin de semana. Esta conversación quedó registrada en un audio, cuya transcripción forma parte de la prueba.

Para la fiscalía, Di Spagna nunca se aseguró de que las pruebas médicas ordenadas se realizaran y, en consecuencia, no supervisó adecuadamente el caso. Además, nunca llegó a cobrar sus honorarios, que ascendían a 4.000 pesos.

VDM/DTC