El presidente ecuatoriano Lenín Moreno se enfrenta a la peor crisis en sus dos años y medio de Gobierno. Este martes se cumplió una semana de paro nacional: decenas de carreteras cerradas, clases en escuelas y colegios suspendidas, miles de personas movilizadas desde diferentes partes del país hasta Quito, la capital, decenas de heridos, y al menos un muerto.

Las manifestaciones empezaron la mañana del 3 de octubre, día y medio después de que el presidente Moreno, en una cadena de televisión nacional, anunciara las nuevas medidas económicas y laborales para enfrentar la crisis en el país. Dentro del "paquetazo" –como coloquialmente se conoce al conjunto de ajustes económicos– estaba la polémica eliminación del subsidio a los combustibles.

Desde hace 40 años –cuando empezó el primer boom petrolero en el Ecuador– la gasolina extra, súper y el diésel están subsidiados por el Estado ecuatoriano. Después de Venezuela y Bolivia, Ecuador es el país de América Latina con el precio de combustible más bajo. Lenín Moreno, quien dijo que el país destina más de 1.300 millones de dólares al año a este subsidio, es el primer presidente que se atreve a quitarlo.  

Los transportistas fueron los primeros en reaccionar. El 2 de octubre anunciaron la paralización de sus actividades. Ese día, el representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, Abel Gómez, dijo que si la reforma empezaba al día siguiente, "la transportación lamentablemente no sale a operar". Y así sucedió.

A los transportistas se sumaron gremios de profesores y estudiantes universitarios. Con las protestas llegó también la represión policial. Ese primer día de huelga, tres periodistas denunciaron haber sido agredidos por la fuerza pública. Ese primer día de huelga, también, el presidente Moreno anunció un estado de excepción en el que, según la Constitución, se suspende o limita "el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información". "Las medidas están completamente en firme", recalcó Moreno. 

Más allá de la eliminación al subsidio de los combustibles, algunas de las otras medidas económicas anunciadas son la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la supresión de aranceles para bienes tecnológicos y la reducción de las vacaciones de los funcionarios del sector público de 30 a 15 días, como ocurre en el sector privado. El paquete es consecuencia del acuerdo que el país alcanzó en febrero con el Fondo Monetario Internacional, en el que la entidad económica exigía esas reformas a cambio del acceso a crédito. 

Cuando anunció las medidas, Moreno también recordó que durante su Gobierno se han eliminado 20 ministerios, 23.000 funcionarios públicos han sido cesados y se ha reducido el 20% del sueldo de los funcionarios con nivel jerárquico superior. Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador en mayo de 2017, después de que Rafael Correa estuviera 10 años en el poder. Correa, el día de cambio de mando, era su amigo y antecesor. 

Hoy, Correa y Moreno son enemigos políticos. En esta semana de paro, la bancada en la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana –el partido de Correa– pidió la destitución de Moreno. Él, por su parte, acusó al correísmo de la violencia suscitada en las manifestaciones. Hasta el 4 de octubre, la Policía había detenido a 350 personas, la mayoría acusada de actos vandálicos. Ese mismo día, el ministerio de Defensa desplegó tanquetas.

Después de dos días de protestas, el gremio de transportistas anunció que suspendía el paro. Pero fueron los únicos. Ese mismo día, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que seguiría en paro y su presidente, Jaime Vargas, dijo que "todas las estructuras de la Conaie" se estaban movilizando y esperaban cerca de 20.000 personas. En el Ecuador existen 15 nacionalidades y 18 pueblos en la Amazonía, la Sierra y la Costa. Desde el viernes 4 de octubre hasta ayer, grupos de indígenas se habían movilizado desde sus comunidades y ciudades para sumarse al paro. Aún faltaban cientos por llegar. 

Los indígenas han dicho que está "roto el diálogo" con el Gobierno mientras no se derogue el decreto ejecutivo 883, con el que se declararon las medidas económicas. Pero el presidente, la noche del 7 de octubre, dijo que se mantenían. Lo hizo desde Guayaquil –la segunda ciudad más grande del país– donde Moreno trasladó la sede de su Gobierno –una atribución que le permite la Constitución de Ecuador–.

El presidente también dijo que las protestas responden a una "intención política" para desestabilizar el Gobierno y no a una manifestación social por el descontento ciudadano; afirmó que la violencia venía del correísmo. La violencia, de donde haya venido, ha dejado ya al menos un muerto: Marco Oto, un joven que cayó de un puente mientras corría huyendo de la Policía. 

Ayer los manifestantes de diferentes gremios y los indígenas –quienes suman a su protesta la oposición a la política extractiva del Gobierno de Moreno que ha priorizado la minería a gran escala– se asentaron en el parque El Arbolito, en el centro de Quito. Allí voluntarios civiles, estudiantes, y de organizaciones sociales formaron brigadas de salud para atender a los heridos, y equipos para alimentar a cientos de personas que llegaron después de días de caminata.

Las protestas escalaron durante la tarde de este martes. En medio de llantas quemadas y humo, manifestantes se enfrentaron a los policías que bloqueaban el paso y se defendieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Una turba caminó hasta la Asamblea Nacional e irrumpió en el edificio tomando el Pleno al grito de "¡Fuera Moreno!". Mientras, en las afueras, dos gigantes fogatas y espeso humo negro eran sobrevoladas por un helicóptero de la Policía. Esa misma tarde, el Gobierno declaró toque de queda que restringió la movilidad en todo el país, desde las 20:00 horas hasta las 5:00 horas de la mañana en áreas aledañas a edificios estratégicos.

Aunque en Quito se dieron los más fuertes enfrentamientos, en otras ciudades también hubo disturbios. En Guayaquil, se registraron saqueos en comercios –como tiendas de electrodomésticos– mientras que en en la ciudad amazónica del Puyo, los indígenas se tomaron el edificio de la gobernación de la provincia. Según la Cruz Roja los heridos en las protestas suman 148. La organización para la libertad de expresión, Fundamedios, contabilizó hasta ayer 59 agresiones a comunicadores como impedimentos de cobertura, amenazas y autocensura. 

Hasta la noche de este martes ni los dirigentes indígenas ni los altos funcionarios del Gobierno de Moreno habían cedido. Mientras que el presidente propuso el diálogo, los indígenas se niegan a que haya uno sin antes derogar el decreto que elimina el subsidio a los combustibles.