La ONU y varios países de su Consejo de Seguridad urgieron este jueves a Colombia a acelerar las medidas para la reinserción de los excombatientes de las FARC y para garantizar su seguridad y la de líderes sociales y activistas.
En su revisión trimestral del proceso de paz colombiano, Naciones Unidas volvió a respaldar el compromiso del país con el fin del conflicto, pero dejó claro que queda mucho por hacer.
Entre los asuntos más acuciantes, el enviado de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó la necesidad de más avances en la reintegración social de los antiguos combatientes, sobre todo después de que varios exlíderes de la guerrilla hayan anunciado la vuelta a las armas.
"Es ahora más importante que nunca apoyar a las mujeres y hombres que siguen decididamente comprometidos con la paz y a transformar sus vidas y las de sus familias y comunidades", dijo Ruiz Massieu ante el Consejo de Seguridad.
El diplomático mexicano señaló que ya se han conseguido resultados con proyectos productivos aprobados por las autoridades con este fin, pero subrayó que "se necesitan más esfuerzos" dado que los proyectos que han recibido financiación del Gobierno benefician únicamente a un 14,7 % de los guerrilleros desmovilizados.
"Es clave acelerar el ritmo de los desembolsos de financiación y garantizar el acceso a tierras", insistió.
El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, replicó a ese análisis recordando que este proceso "no estaba pactado como tal" en el Acuerdo de Paz y que presenta "una serie de complejidades", pese a lo cual el Gobierno está avanzando.
"El Gobierno considera importante que el Consejo no pierda de vista que se debe partir del reconocimiento de que la implementación no es una tarea que se logre de un día a otro y que el mismo Acuerdo Final reconoció que esta conllevaría al menos 15 años", recalcó.
Ruiz Massieu alertó además de la situación de los más de 8.000 exguerrilleros que viven lejos de los espacios que se crearon para que los antiguos miembros de las FARC se concentrasen y dejasen las armas, dado que tiene "acceso limitado a los beneficios de la reintegración y son más vulnerables a la violencia y al reclutamiento por parte de grupos armados ilegales".
"Debe hacerse más para apoyar a esta población", apuntó el representante de la ONU.
La violencia que persiste en las antiguas zonas de conflicto, tanto contra los exguerrilleros como contra activistas locales, es otro de los asuntos que más preocupan a la comunidad internacional.
Según el último informe de Naciones Unidas, al menos 52 exmiembros de las FARC han sido asesinados este año y hay denuncias de 123 presuntos asesinatos de defensores de los derechos humanos y de líderes sociales.
Ese asunto fue subrayado por una mayoría de los quince miembros del Consejo de Seguridad, en especial ante la perspectiva de que la violencia pueda aumentar en torno a las elecciones locales y regionales del próximo 27 de octubre.
Para mejorar la seguridad y para evitar una vuelta al conflicto, los países insistieron en la necesidad de que el Estado llegue a los lugares más remotos del país y no deje a ninguna población a merced de grupos criminales o sin otra opción que actividades ilícitas como el cultivo de coca.
"Los colombianos necesitan alternativas viables a este cultivo, necesitan caminos visibles a la dignidad, si van a salir de un ciclo económico que al final financia la violencia y la impunidad", señaló el representante estadounidense Jonathan Cohen.
De manera unánime, los miembros del Consejo de Seguridad condenaron la vuelta a las armas decretada por varios exlíderes guerrilleros y alabaron la respuesta del Gobierno, del partido FARC y de la sociedad en su conjunto.
Según el embajador francés, Nicolas de Riviére, la "reacción al rearme muestra de manera paradójica que el Acuerdo de Paz está muy vivo".
"Jamás será más importante que ahora acelerar la implementación del Acuerdo de Paz para demostrar que esos disidentes de las FARC están equivocados", apuntó por su parte el número dos de la representación alemana, Jürgen Schulz.
Mario Villar
