La legislación británica que liberaliza el aborto y permite el matrimonio homosexual comenzará a aplicarse en Irlanda del Norte a partir del próximo año, al haber incumplido hoy la Asamblea autónoma de esa región el plazo máximo para paralizar la reforma británica.
El Parlamento autónomo norirlandés, de poder compartido entre unionistas y republicanos según el acuerdo de paz de Viernes Santo, está suspendido desde 2017 ante la falta de consenso entre los partidos para su constitución.
Para presionar a favor de una resolución de las diferencias políticas en el Úlster, el Gobierno británico estableció el 21 de octubre como fecha límite para paralizar una reforma que aplicará en la región la ley del aborto y de matrimonio homosexual vigente en el resto del Reino Unido.
El ultraconservador Partido Unionista Democrático (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante, es contrario a ambas medidas y la cuestión genera grandes discrepancias en Irlanda del Norte.
Los unionistas convocaron este lunes a la Asamblea para tratar de vetar esa legislación, pero al no existir un presidente de la Cámara no se pudo llevar a cabo trámite alguno y la sesión quedó cancelada en menos de una hora.
El ministro británico para Irlanda del Norte, Julian Smith, avanzó que los primeros matrimonios homosexuales se celebrarán en la región en febrero del año que viene.
El Gobierno del Reino Unido también prevé que los primeros servicios que permitirán abortar a las mujeres en Irlanda del Norte en base a la nueva normativa estarán listos el próximo marzo.
La legislación que en 1967 liberalizó el aborto en Inglaterra, Escocia y Gales nunca se aplicó en Irlanda del Norte. Bajo su actual ley, el aborto solo se permite si está en riesgo la vida de la madre o si existe un riesgo de daño serio y permanente a su salud. La violación, el incesto y las anomalías en el feto –incluso cuando los médicos creen que no sobrevivirá– no son hasta ahora motivos legales aceptables para abortar.
Bajo la legislación británica, las mujeres pueden interrumpir su embarazo durante las primeras 24 semanas, siempre que dos médicos consideren que tener al bebé supone un riesgo mayor que abortar para la salud física o mental de la madre.
