En el quinto día de protestas masivas en Chile, que se desarrollan bajo vigilancia militar y en las que ya han fallecido más de 15 personas, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha anunciado reformas sociales, pero ha dejado sin atender la petición de devolver el Ejército a los cuarteles.

"Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión", ha dicho ahora Piñera en una alocución televisada a la nación.

El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena, que desde la noche del viernes se manifiesta para exigir cambios, y son tres de los principales asuntos de la nueva agenda social de Piñera.

El mandatario anunció un incremento "inmediato" en un 20 % de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20 % en el Aporte Previsional Solidario, vías por las que el Estado participa en el sistema previsional chileno, que es de capitalización individual y está administrado por empresas privadas.

La iniciativa, según Piñera, beneficiará en total a 1,5 millones pensionistas y se unirá a otras medidas de ayuda para los de más de 75 años, para los adultos que no se valen por sí mismos y para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres.

Anunció también el tratamiento legislativo de "urgencia" de un proyecto de ley para crear un seguro que garantice un techo de gasto en salud en caso de padecer "enfermedades catastróficas" y dos iniciativas para subvencionar el precio de los medicamentos.

Creará también un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, mientras que rebajará las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la Administración pública.

Para financiar estas medidas, propondrá, entre otras cosas, un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 40 % a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares), mediante el cual se espera recaudar 160.000 millones de dólares. El coste de implementar todas estas medidas será de 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales en 2020.

La oposición recibió con frialdad los anuncios del presidente. Desde su cuenta de Twitter, el diputado de izquierdas Gabriel Boric, por ejemplo, calificó las medidas como "ayudas sociales" que, aunque necesarias, no solucionan un malestar social que requiere "transformaciones estructurales".

La acogida de la población a las respuestas del presiente se verá este miércoles, jornada para la que de nuevo se han convocado distintas marchas y concentraciones populares en todo el país. Las de este martes fueron de nuevo masivas y en su mayor parte pacíficas y festivas, pero tampoco estuvieron exentas de episodios violentos.

Los saqueos continúan y, entre otros sucesos graves, en la ciudad de Talca (centro) se produjo un incendio de grandes proporciones en un almacén de abastecimiento, mientras que en San Pedro de La Paz (sur) un atropello múltiple se cobró la vida de al menos dos personas.

La presencia del Ejército en gran parte del país para controlar la seguridad y el establecimiento de toques de queda en varias ciudades y regiones también está generando tensiones. Por las redes sociales circulan vídeos de presuntos abusos por parte de los militares que han enervado aún más el ánimo de los manifestantes, a quienes la presencia de los uniformados en las calles les retrotrae a los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha interpuesto querellas por denuncias de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos cinco días.

Piñera ha dicho querer terminar con los estados de emergencia, los toques de queda y devolver a los militares a sus cuarteles, pero que no lo hará hasta que "el orden público, la seguridad y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados".