El estallido social chileno está dejando estampas de abusos y violencia policial inéditas desde la dictadura militar, aunque ahora las redes sociales ayudan a difundir casi en directo esos atropellos.
Los chilenos observan incrédulos escenas que parecían olvidadas, como personas que se identifican con su nombre mientras son detenidas por agentes de Carabineros o militares para que quede constancia del hecho y se les pueda seguir el rastro.
Esa era una práctica habitual durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). Servía para que los testigos de la detención pudieran avisar a las familias y que estas denunciaran los hechos a los tribunales o entidades como la Vicaría de la Solidaridad.
Ahora, sin embargo, casi siempre hay alguien que graba la detención con un teléfono inteligente, sube el video a las redes sociales y poco después las imágenes se viralizan.
Desde que el viernes pasado se intensificaron los disturbios, las Fuerzas Armadas tomaron el control del orden público en buena parte del país y comenzaron los toques de queda nocturnos, las redes sociales son un hervidero de videos con detenciones violentas y ataques con armas contra ciudadanos.
Son videos grabados desde ventanas, balcones o en la calle en los que aparecen agentes golpeando a detenidos, arrastrándolos malheridos por el suelo o disparando a bocajarro con pistolas de perdigones y armas de fuego.
El Gobierno chileno ha cifrado en 18 las víctimas mortales, entre ellas un menor, desde el inicio del conflicto y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad pública pero autónoma, sostiene que cinco de las víctimas fallecieron a manos de agentes del Estado, casos en los que se han presentado querellas por homicidio.
El INDH ha constatado además 2.138 detenidos y 376 heridos, 173 por armas de fuego, cifras mucho más abultadas que las del Gobierno.
El organismo ha presentado 44 acciones judiciales, 9 recursos de amparo y 35 querellas por violencia sexual, lesiones graves y otros delitos.
La Cruz Roja chilena también está echando una mano para atender los heridos y su presidente, Patricio Acosta, indicó que los casos más graves que ha visto estos últimos días son los de un menor de edad que perdió un ojo por disparos de perdigones y otros dos jóvenes con balines incrustados en el cuello y en la oreja.
Ante la gravedad de los hechos y la avalancha de denuncias de maltrato policial, diferentes sectores de la sociedad se han unido para ayudar a las víctimas.
Es el caso de la Universidad de Chile, que creó la Defensoría Jurídica U de Chile, un equipo multidisciplinario de alumnos y profesores de esa casa de estudios que ofrece asistencia jurídica, psicológica y médica a personas detenidas o heridas durante las movilizaciones.
La abogada Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explicó a Efe que la Defensoría Jurídica ha recopilado "múltiples denuncias por uso abusivo de la fuerza, personas lesionadas por amas de fuego, balines y denuncias por abusos sexuales".
Entre los casos más graves que han recopilado figura una denuncia de "maltratos realmente graves" contra un estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile y otra de presuntas torturas en una comisaría de policía en la estación del metro Baquedano, caso este último que se encuentra en investigación.
"Es una situación inédita, no teníamos estado de emergencia y toque de queda para contener disturbios públicos desde 1987", destacó Yáñez, quien consideró que un una democracia debería haber otros "medios institucionales" para contener los desórdenes en las calles.
Gerard Soler
