Daniel Pedraza pensó que estaba sano, pero no era cierto. Durante 30 de sus 58 años ha estado trabajando en el Taller Rancagua de la línea B del 'subte' de Buenos Aires, revisando y arreglando neumáticos, puertas y sistemas de frenos. Ahora lleva más de un mes en su casa, esperando. 

Es uno de los trabajadores afectados por la presencia de amianto [asbesto] en el metro de Buenos Aires. Este martes, la empresa municipal de la capital argentina ha demandado a Metro de Madrid por la venta en 2011 y 2012 de vagones contaminados, según adelantó eldiario.es. Pide que se declaren nulos los contratos, alegando que la comercialización de equipos con esta sustancia estaba prohibida, y solicita una indemnización por daños y perjuicios de cerca de 15 millones de euros.

Daniel cuenta que, todos los años, la empresa le hacía exámenes médicos. Todos los años le decían que estaba sano. Aunque el trabajo bajo tierra puede ser insalubre –y él lo sabía–, se lo negaban. Se enteró que tenía neumoconiosis [enfermedad pulmonar] por fibras de asbesto el mismo día que otros diez compañeros. "Todos los años nos hacían estudios muy básicos y de ahí nunca salió nada. Todos estábamos sanos", dice Daniel con enfado. Estar en su casa le entristece a veces. Piensa. No quiere perder el trabajo. No quiere que lo jubilen por invalidez.

El 30 de junio de 1989, Daniel tenía 24 años y trabajaba en una fábrica empaquetando cubos de plástico. Un día, un hombre le dijo a su padre que había una vacante en el 'subte' y él aceptó.  Desde ese momento, y durante los primeros diez años, viajó hasta dos horas desde donde vivía en Grand Bourg, en el Gran Buenos Aires –que rodea la ciudad–, hasta el Taller Rancagua. Después logró mudarse a la capital. "Estaba contento porque trabajaba en un lugar que me gustaba. Soy una persona muy práctica para arreglar cosas", apunta. De todas las personas que trabajaban con él en esa época ya no queda nadie. 

En la demanda, Subterráneos Buenos Aires acusa a Metro de Madrid de "omitir en todo momento y pese a tener conocimiento de ello, la comunicación de la presencia de amianto en los vagones objeto de la venta". También, recalca Metro de Madrid "sabía que los vagones no eran aptos para ser comercializados de cara a su puesta en servicio al público, por la propia presencia de amianto". Y sostiene que "en ningún caso" podían considerar que la compañía madrileña les estuviera vendiendo "equipos contaminados", violando la normativa vigente tanto en España como en la Unión Europea. 

En el momento en que la ciudad de Buenos Aires hizo esta compra, el actual presidente Mauricio Macri, que vuelve a concurrir a las elecciones generales el próximo domingo, era jefe de gobierno de la capital. En julio de 2013 se pusieron en funcionamiento los vagones, que se retiraron de la circulación en 2018.

A principios del año pasado, un trabajador del Metro de Madrid murió por asbestosis, una enfermedad provocada por la exposición al asbesto, una sustancia cancerígena que contienen esos trenes. Cuando se enteraron de esa noticia, al gremio de trabajadores del subte de Buenos Aires se le encendieron las alarmas: hacía siete años que se habían comprado vagones a la capital española. 

Empezaron a hacer análisis propios, a pedir que la empresa los hiciera, y descubrieron que 11 de ellos tenían enfermedades relacionadas con el amianto. A esos 11, la empresa Subterráneos Buenos Aires (Sbase) los mandó a su casa por tiempo indeterminado. El sindicato empezó a hacer paros pidiendo medidas concretas, ya que no saben en qué otros trenes sigue presente esa sustancia. Según la Organización Mundial de la Salud, todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano. 

Ramón Acuña lleva ocho años haciendo tareas de mantenimiento en el mismo lugar. Fue diagnosticado de placa pleural: un ensanchamiento de la membrana que recubre el pulmón. Cuando se enteró de la posibilidad de que existiera una sustancia cancerígena en los trenes con los que trabajaba cada día, decidió, con sus compañeros, parar de hacer sus tareas.  

"Por eso, en febrero de 2019, la empresa nos inscribe en el Registro de Agentes de Riesgo a los trabajadores del Taller Rancagua y Urquiza como trabajadores expuestos al asbesto. Una de las normativas de estar en este registro es que nos tienen que hacer exámenes", cuenta Ramón a eldiario.es. De los 180 casos analizados, ya se han confirmado 11 positivos. Esto es el 14% de la población analizada. Sin embargo, es apenas una parte de todos los trabajadores del subte B, que son en total más de 700. 

Hace un mes que Ramón sabe que tiene una afección que se puede convertir en cáncer. Ya se lo contó a sus hijos adolescentes. Hace un mes que está en su casa: "Sbase no puede asegurar que haya algún lugar libre de fibra de asbesto en el 'subte'. Entonces nos dan una licencia administrativa [baja]", explica. 

Claudio Garay, de 54 años, también está en su casa. Se hizo exámenes en tres lugares distintos y todos le dijeron lo mismo: no hay medicación para esto, pero no se preocupe, no es nada grave, solo hay que seguirlo. Es el más tranquilo de los tres. Dice que la religión le ayuda a no desesperarse. Es pastor evangélico en Hurlingham, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a una hora de la capital del país. Cada día de los últimos 30 años coge un bus y un tren para llegar a las seis de la mañana al Taller Rancagua. Pero hace un mes que ya no lo hace. No se desespera, pero tampoco es ingenuo: "Está medio lejos de resolverse porque van muy lentas las cosas. Seguimos en la casa todos los afectados", dice.

Cuando entró a trabajar en el 'subte', debía estar ahí seis horas. Luego, en 1994, se aumentó la carga horaria a ocho. "Después de una lucha de 10 años, sufrimos despidos, bajas, persecuciones, pero se logró, mediante un decreto, volver a las 6 horas", cuenta. Antes de cumplir los 24 años, Claudio ya sabía reparar automóviles. Había estudiado mecánica y trabajaba en talleres haciendo mantenimiento. Por recomendación, pudo entrar a trabajar en el 'subte'. 

Un tiempo después se convirtió en pastor evangélico. Ahora, asiste a una iglesia en Tigre, una ciudad cercana, también de la provincia de Buenos Aires. Los miércoles y domingo tiene sus celebraciones, y además visita barrios pobres del lugar y viaja dos veces por año a otra provincia -Santiago del Estero- a llevar ropa y comida a las personas que viven en parajes aislados. "Doy contención espiritual a muchas personas", dice Claudio. 

Su día a día cambió, pero intenta estar tranquilo y seguir con sus actividades: "Si bien no es nada grato, tampoco me lo tomé muy a pecho. Ahora estoy en mi casa con una baja médica hasta que retiren todo el asbesto que se encuentra en los lugares donde yo trabajaba. Una vez que el asbesto se ha retirado, puedo trabajar".

Pero aún no se ha presentado un plan oficial para retirar el amianto. Por eso, esta semana los trabajadores del subte decidieron hacer un paro escalonado -que va aumentando la cantidad de horas- y apertura de molinetes durante tres días. 

El gremio insiste en que la empresa presente una fecha precisa para un recambio de la flota de la línea B, un plan de desabestización y la inscripción de todos los trabajadores en el Registro de Agentes de Riesgo para que se les haga exámenes a las más de 4.000 personas que trabajan en el subte de Buenos Aires y así saber cuántos son, en realidad, los afectados por esta sustancia cancerígena.