El canciller de Chile, Teodoro Ribera, confirmó este jueves que el Gobierno solicitará a las Naciones Unidas el envío de observadores de derechos humanos a las protestas que se producen en el país desde el pasado viernes y que ya han dejado 18 fallecidos.
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el presidente Sebastián Piñera contactará a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para pedirle que disponga el despliegue de un equipo de relatores para dar fe de las situaciones que se están viviendo en las calles.
Ciudades, provincias y regiones completas de Chile se encuentran en casi todo el país en estado de emergencia bajo control militar y los toques de queda nocturnos se extienden de norte a sur desde hace días.
Ribera también afirmó que se invitó al director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, para velar por el respeto a los derechos humanos en Chile.
Hasta el momento, la Justicia chilena ha registrado un total de 3.162 controles de detención con 5.397 personas imputadas, de los cuales se han confirmado 425 ciudadanos formalizados de forma ilegal.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad pública pero autónoma que hace un seguimiento al actuar de las fuerzas del orden, registró en su último balance de la noche de este miércoles un total de 2.410 detenidos en todo el país.
De estos hechos, 898 detenciones se produjeron en Santiago, donde este miércoles se reunieron en Plaza Italia alrededor de 100.000 personas para mostrar su descontento, y 1.512 en el resto del país.
Las protestas han dejado además al menos 18 fallecidos, entre ellos dos colombianos, un peruano y un ecuatoriano, y del total hay al menos cinco que murieron presuntamente a manos de agentes del Estado.
En cuanto a los heridos, el INDH contabiliza 535 desde el pasado jueves, cuando comenzaron las manifestaciones por el alza en el precio del billete del Metro de Santiago. Además, 210 heridos fueron por armas de fuego, ya sea por el disparo de bombas lacrimógenas, balines de goma o bala.
Además, el organismo constató relatos de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos días.
El aumento del precio del billete del Metro marcó el inicio de una oleada de protestas que, con el paso de los días, despertó el hartazgo de parte de la ciudadanía por las bajas pensiones y salarios y los altos precios de luz, gas, educación universitaria y salud, generando un estallido social que no se veía desde el fin de la dictadura en 1990.
