La nueva ley griega sobre el asilo político introduce cambios que pretenden acelerar el examen de las demandas de protección internacional e incrementar las devoluciones a Turquía y a sus países de origen.

Desde la firma de la declaración conjunta Unión Europea-Turquía en 2016 hasta ahora se han realizado cerca de 2.000 devoluciones. El Gobierno liderado por Kyriakos Mitsotakis ha prometido deportar a 10.000 personas hasta finales de 2020.

La mayoría de los cambios introducidos con la nueva ley han generado duras críticas entre organizaciones humanitarias y sociales, que consideran que conllevarán pérdidas de garantías y derechos para los demandantes de asilo, refugiados y migrantes en Grecia.

Los principales cambios que introduce la nueva ley son:

A LA HORA DE EXAMINAR LAS DEMANDAS DE ASILO

- Cambia la definición de "situación de vulnerabilidad" que da prioridad a ciertos refugiados para ser trasladados de las islas del Egeo al continente y les otorga servicios específicos para sus necesidades. El síndrome de estrés postraumático provocado por la guerra o un naufragio deja de aceptarse como una vulnerabilidad.

- Se introduce una disposición que interpreta que un demandante de asilo que se marcha del centro de acogida que se le ha asignado está renunciando a su solicitud de protección internacional, con lo que su caso no llegaría a examinarse.

- Se rechazan todas las demandas de asilo presentadas antes del 20 de julio de 2016 que aún están pendientes de resolverse. Solo se examinarán si los demandantes vuelven a mostrar su interés por recibir protección internacional en un plazo de 6 meses.

- Por primera vez se creará en Grecia una lista de "terceros países seguros". Desde la Convención de Ginebra de 1951 cuando una persona abandona su país para pedir asilo en otro, este país puede negarse y remitirla a un tercer estado que considera que puede darle "protección efectiva". Distintas ONG han denunciado que la nueva ley griega habla de "protección adecuada", un término que no está definido ni analizado como la "protección efectiva".

- En periodos de "llegadas masivas" -que la ley no define- se permite que el primer examen de una demanda de protección internacional sea realizado por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Policía o las Fuerzas Armadas en lugar de sólo por el servicio de asilo heleno, como se hacía hasta ahora.

- A partir de ahora un demandante al que se le ha denegado su solicitud en primera instancia ya no está protegido contra su deportación, aunque haya presentado recurso.

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y MOVIMIENTO

- Hasta ahora cuando una persona solicitaba asilo tenía libertad de movimiento en el territorio griego (a excepción de las islas del Egeo), pero la ley introduce la posibilidad de detener a una persona aunque ya haya demandado protección.

- La duración máxima de una detención administrativa de un demandante de asilo se extiende desde los 3 meses actuales hasta los 18.

- La decisión de prolongar la detención de un solicitante de asilo la toma a partir de ahora la Policía. Hasta ahora se exigía un informe del Servicio de Asilo que detallase los motivos para imponer esta medida extraordinaria.

- Los demandantes de asilo pueden ser encerrados junto a personas que han contravenido el Código Penal. La ley anterior lo prohibía.

SOBRE SU INTEGRACIÓN EN EL PAÍS

- Un demandante de protección internacional debe esperar 6 meses para acceder al mercado laboral. La anterior ley permitía el acceso inmediato.

- Una vez que alguien obtiene el estatus de refugiado tiene dps meses para marcharse del centro de acogida y conseguir un alojamiento propio. Hasta ahora tenía medio año.

- Los demandantes de asilo solo tienen acceso a servicios hospitalarios de urgencia. Los enfermos crónicos no pueden acudir al servicio público.

- Da permiso de residencia de un año renovable a los beneficiarios de "protección subsidiaria" (protección que se otorga los que no cumplen los requisitos para ser refugiados pero tienen motivos fundados para creer que si regresase a su país de origen se enfrentaría a sufrir daños graves), mientras hasta ahora el permiso duraba tres años, igual que el de las personas refugiadas.