El secretario ejecutivo de Memoria Histórica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Fernando Martínez, ha destacado hoy la necesidad de hacer un censo oficial de víctimas del franquismo y la represión y un banco nacional de ADN que esté a disposición del Estado.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, ha señalado que ya se está trabajando en dicho censo y que "el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo lo completará" siendo el objetivo de este, como el del banco de ADN, facilitar la identificación de las miles de personas que siguen desaparecidas o en fosas comunes en todo el territorio nacional.

Como uno de los impulsores de la salida de Franco del Valle de los Caídos, ha reconocido que creía que "el proceso iba a ser más corto". "El Estado español es muy garantista y hemos tenido que pasar por un largo periplo hasta llegar al acto de dignidad democrática que supuso la exhumación", ha añadido.

"Era una gran ignominia para la sociedad española. Se ha hecho por justicia con las víctimas que han estado criminalizadas durante mucho tiempo. Nos hemos homologado al resto de países", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que tras la exhumación de Franco "toma gran prioridad la exhumación de los cadáveres de republicanos que aún hay en fosas comunes y en distintas cunetas de la geografía española".

"Es una tarea prioritaria porque podemos estar hablando de muchísimas víctimas, después de la exhumación de Franco desde el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, desde la Dirección General para la Memoria Histórica, se ha puesto en marcha un plan de choque de exhumación de fosas y se está trabajando en un plan cuatrienal para que en un máximo de dos legislaturas se puedan exhumar todos esos cadáveres", ha señalado, añadiendo que se estima que se puedan recuperar entre 20.000 y 25.000 cuerpos.

Junto con eso hay otra serie de temas como el llevar al Código Penal la apología del fascismo, del nazismo, y del franquismo; la ilegalización de las asociaciones y fundaciones que hagan este tipo de apología o la derogación de concesiones de títulos nobiliarios o de condecoraciones y pensiones a policías funcionarios concedidas durante el régimen franquista: "Queremos que los últimos vestigios del franquismo que aún puedan permanecer desaparezcan", ha señalado.