La Fiscalía Nacional chilena informó este viernes que abrió 1.089 investigaciones penales por denuncias de violencia institucional entre el pasado 18 de octubre, fecha en la que se iniciaron las protestas que vive el país, y el día 31 del mismo mes.
De las más de 1.000 querellas, 766 se presentaron contra el cuerpo de Carabineros; 58 contra el Ejército; 22 contra la Policía de Investigaciones (PDI) y 8 contra la Armada, según anunció el Ministerio Público en un comunicado.
Las 235 denuncias restantes no han apuntado a ningún organismo estatal en concreto.
Las protestas en el país se han saldado, cuando cumplen este viernes tres semanas, con 20 fallecidos, 6 de ellos extranjeros, y miles de detenidos y heridos.
Precisamente, la misión de observación desplazada al país por mandato de la alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, condenó este viernes el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado y recordaron que el Gobierno debe permitir que las protestas se lleven a cabo "aislando a los que recurren a la violencia".
Entre los delitos investigados por el Ministerio Público cometidos en la segunda quincena de octubre, 770 corresponden a presuntos apremios ilegítimos (torturas o abuso de fuerza por parte de uniformados); 267 a abusos contra particulares; 24 a presuntas torturas por parte de funcionarios del Estado y 28 relativas a otros delitos, como homicidio, lesiones u otras faltas.
Además, 9 de las víctimas denunciaron presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación, 38 aseguraron que fueron forzadas a desnudarse y 4 de ellas alegaron amenazas de cometer delitos sexuales.
Del total de denunciantes, 858 son hombres, 220 son mujeres y en 11 casos no ha sido identificado el sexo.
Respecto a sus edades, 161 son niños, niñas o adolescentes, 918 son personas adultas y en 10 casos no se concretó.
Por regiones, del millar de investigaciones penales en marcha, el mayor número de querellas se concentra en Fiscalías de la sureña región del Biobío (182), en la región Metropolitana Sur (177) y en la costera de Valparaíso (157).
Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó el jueves que recibió unas 2.300 denuncias por vulneraciones de los derechos humanos en su sede en Santiago desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre.
El instituto aseguró que la mayoría de querellas apuntan al "actuar vulneratorio" del cuerpo de Carabineros (Policía militarizada) durante las tres semanas de manifestaciones y también de miembros de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia previamente decretados por el Ejecutivo.
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de medidas para fortalecer el orden público en el país, que contempla un proyecto de ley para endurecer la sanción de los saqueos, uno de los delitos más comunes desde el comienzo del estallido del conflicto social.
Chile vive la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se iniciaron en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero que se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.
