Miles de personas han vuelto a salir este lunes a las calles para celebrar el primer mes del estallido social más grave de la democracia chilena y mostrar su desconfianza tanto con la agenda social anunciada por el Gobierno como con el acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución.

La Plaza Italia, la zona cero de las revueltas y renombrada por los manifestantes como "Plaza Dignidad", volvió a ser epicentro de una gran concentración que transcurrió en general de manera pacífica, aunque se dieron algunos incidentes aislados entre jóvenes y fuerzas de seguridad.

"Nos seguimos manifestando porque se volvieron a reír de nosotros", aseguró a Efe Clara Sánchez, de 50 años, mientras la plaza coreaba la consigna que se ha convertido en el lema de la revolución: "Chile despertó".

"Las soluciones que se están dando no son reales, no son soluciones a largo plazo. Siento que todos son parches", agrega por su parte la universitaria Carolina del Río.

Lo que empezó siendo un llamado de los universitarios chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que carece de líderes identificados y que clama por un modelo económico más justo.

"En las últimas cuatro semanas, Chile cambió; los chilenos cambiaron, el Gobierno cambió; todos hemos cambiado. El pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó", ha dicho el domingo el presidente, el conservador Sebastián Piñera, quien al inicio de la crisis anunció una serie de medidas sociales que avanzan a trompicones en el Parlamento.

El mandatario alabó también el acuerdo al que llegaron el viernes las fuerzas parlamentarias para convocar un plebiscito en abril de 2020 y preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y que órgano debería redactarla, al tiempo que reconoció por primera vez que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, lo que se comprometió a sancionar.

El estallido social ha dejado al menos 23 muertos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes- y 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares, según el último informe del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Policía chilena (Carabineros) ha indicado por su parte este lunes que se han registrado más de 15.000 detenciones desde el 18 de octubre, de las cuales 4.000 corresponden a saqueos.

Para el sociólogo de la estatal Universidad de Chile Octavio Avendaño, "la persistencia de la gente en seguir manifestando su descontento refleja que cada una de los intentos por aplacar o atenuar el conflicto no han sido efectivos". "Hay dos cosas que están pendientes: la agenda social y los derechos humanos y, mientras no se resuelvan, el conflicto se va a mantener", ha advertido a Efe el experto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), comenzó este lunes una visita de varios días al país para investigar centenares de denuncias por abusos, torturas, violencia sexual y homicidios por parte de las fuerzas de seguridad. La CIDH se une así a otros organismos que también se encuentran in situ como Human Right Watch (HRW) y la propia ONU.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, se reunió por separado con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, así como con representantes de medio centenar de organizaciones civiles.

"La comisión se enfoca principalmente en las condiciones futuras de afirmación del derecho a la justicia y reparación de las víctimas de manera que el funcionamiento del sistema de justicia en este contexto es crucial", zanja Abrao.