El Gobierno interino de Bolivia busca una forma de resolver el impás con España por su decisión de expulsar a dos diplomáticos españoles enviando un alto representante a su embajada en Madrid. A pesar de este acercamiento, el autoproclamado Gobierno no dejará de defender la medida que desencadenó la tensión con España y que ha sido rechazada por la Unión Europea.
El Gobierno de Áñez declaró este lunes "personas no gratas" a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández; y otros funcionarios, dándoles 72 horas para dejar el país.
El Gobierno interino señaló que varios funcionarios españoles habían tratado de acceder en la mañana del viernes en coches de la embajada, de forma "clandestina" y junto a individuos "encapuchados" y "presumiblemente armados", a la residencia de la embajadora de México en aquel país, María Teresa Mercado.
La encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, acudió a primera hora de la mañana del viernes a la embajadora de México, en lo que el Gobierno español ha definido de "visita de cortesía", después de que el país azteca hubiera denunciado un incremento de la presencia policial boliviana en torno a la residencia de Mercado y la propia Embajada en días anteriores, desencadenando un cruce de reproches entre los dos países.
La visita fue vista por algunos sectores en el país andino como un intento de sacar de allí a los asilados políticos, algo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha descartado rotundamente.
Al término de la visita, los vehículos en los que llegó Borreguero no pudieron regresar hasta la residencia de la embajadora mexicana para recogerla, ya que la Policía boliviana se lo impidió, presuntamente por la presencia de personas encapuchadas en ellos y "presumiblemente armadas", según denunció la canciller boliviana, Karen Longaric.
Este martes, último día de 2019, la Delegación de la UE en Bolivia rechazó la decisión del Gobierno interino de declarar "personas no gratas" a Borreguero y Fernández. La Unión Europea considera que la expulsión de funcionarios diplomáticos es "una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad".
La primera autoridad boliviana en responder al pronunciamiento europeo fue el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, que defendió la decisión del Gobierno de Jeanine Áñez de declarar "personas no gratas" a ambos funcionarios y a la embajadora de México en el país.
Núñez insistió en que la medida no era en contra de España o México, países con los que "siempre" se buscarán tener una buena relación bilateral. "Queremos que, así como respetamos, también nos respeten la soberanía en Bolivia", aseguró ratificando la versión boliviana sobre el incidente del pasado viernes.
La Cancillería boliviana asegura en un comunicado su deseo de "superar este impás a la brevedad y mantener estrechas relaciones con el Reino de España". "Para este cometido, el Gobierno Constitucional de Bolivia acreditará en la Embajada de Bolivia en Madrid a un alto representante diplomático".
