La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha retirado este jueves el polémico proyecto de extradición que ha suscitado las multitudinarias protestas registradas en la ciudad desde hace tres meses.
Lam ha anunciado la decisión tras convocar una reunión con los 43 diputados progubernamentales a las 16:00 hora local (10 horas en España) en su residencia oficial.
Aunque ya había suspendido su tramitación y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se han dado por satisfechos; una de las cinco demandas del movimiento es precisamente la retirada efectiva y definitiva de esa reforma legal.
Tras trece semanas de protestas, las autoridades locales acceden así a cumplir con una de las cinco exigencias de los manifestantes en un gesto para "calmar el ambiente", según una fuente citada por medios locales.
El resto de peticiones son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la supuesta brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas, la retirada del calificativo de "revuelta" sobre las manifestaciones y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.
Lam goza, según las últimas encuestas, de la popularidad más baja jamás registrada por un líder del Gobierno local desde que Hong Kong regresó a manos chinas tras siglo y medio de dominación colonial británica.
No obstante, y pese a que los manifestantes han exigido una y otra vez su dimisión, la política ha negado ayer mismo que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía propia".
Así, Lam respondía a unas grabaciones obtenidas por la agencia de noticias Reuters durante una reunión con empresarios locales en las que se le escucha decir: "Si tuviera elección, lo primero (que haría) sería dimitir, después de haberme disculpado convenientemente".
En sus últimas intervenciones, los portavoces del Ejecutivo chino han reiterado su apoyo a Lam, a su Gobierno y a la Policía de Hong Kong para que resuelvan la situación.
Las manifestaciones comenzaron el pasado mes de marzo como oposición a la polémica propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas, podría haber permitido a Pekín acceder a "fugitivos" refugiados en territorio hongkonés.
Éstas han movilizado desde junio a cientos de miles de personas y han dejado enfrentamientos entre algunos manifestantes violentos y la policía, a la que se ha acusado de abusar de su poder a la hora de disuadir las protestas.
Aunque a principios de julio las autoridades hongkonesas declararon "muerta" esa propuesta de ley, los manifestantes exigen que se retire oficialmente y han ampliado sus demandas con el objetivo de mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad y, en definitiva, oponerse al autoritarismo chino.