España es uno de los países europeos con un menor grado de protección de personas que alertan sobre acciones que atentan contra el interés público (lo que se conoce como "informantes", "denunciantes" o "alertadores" y en inglés como whistleblowers), según una de las organizaciones de referencia en la materia, Blueprint for Free Speech. Sin embargo, como el resto de los países de la UE, antes de que acabe 2021 deberá trasponer una directiva europea aprobada el pasado diciembre para mejorar la protección y los mecanismos con los que deben contar quienes ponen en riesgo su integridad personal y profesional.
Suelette Dreyfus, directora ejecutiva de esa ONG, participó en una jornada en la CNMC sobre los retos que se abren con esta transposición.