El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto que contemplaba subvenciones de concesión directa a la CEOE, CEPYME y al sindicato UGT por valor de más de 30 millones de euros. Los jueces entienden que esta normativa de finales de 2022 no justificaba por qué se acudía a una concesión directa de estas subvenciones, pensabadas para la digitalización del sector productivo, y no se abría un proceso ordinario con una convocatoria pública. Invocar la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania para no hacer una convocatoria pública, dice el Supremo, "no tiene justificación en un momento en el que ya se da un desenvolvimiento ordinario de las actividades ciudadanas".
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