En los últimos datos sobre la evolución la economía de España se observan dos constantes. La primera, la fortaleza del turismo, en plena recuperación de las cifras pre pandemia, y del resto del sector exterior, con un importante aumento de las exportaciones de consultoría, ingeniería, I+D, transporte, telecomunicaciones o informática. La segunda, la desaceleración o caída del consumo de las familias.

El menor gasto privado "denota el fuerte proceso de ajuste que están experimentando los hogares ante la erosión de su poder adquisitivo fruto de la elevada inflación y el proceso de endurecimiento de la política monetaria [las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE)]", recalca el equipo de analistas de Caixabank Research.

La derecha es cada vez más antisistema. Y negacionista, insumisa a la ciencia terrenal y la divina –abundan los desprecios al Papa–. Y es así, entre otras cosas, por su coqueteo, a cambio de un puñado de votos, con las narrativas de la llamada derecha alternativa, que no es más que un eufemismo en el pantone de la extrema derecha y la ultraderecha.

El presidente del PP europeo, Manfred Weber, ha hecho esta semana algo insólito en Bruselas: salir públicamente de la mano de la jefa del PP español en la Eurocámara, Dolors Montserrat, para acusar a un comisario europeo de actuar de parte del Gobierno de España por la crisis de Doñana.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido más armas para castigar a Rusia después del último bombardeo contra objetivos civiles, llamamiento al que siguió un ataque con drones contra la península de Crimea que destruyó varias cisternas de combustible para la Flota rusa del mar Negro.

"Esto demuestra que sólo se puede detener el terror y salvar a la gente con armas, baterías antiaéreas y aviación moderna (...), artillería y blindados", ha dicho Zelenski en su tradicional mensaje a la nación.

Cada vez que un ataque ruso provoca una tragedia como la que causó 23 muertos en la región de Cherkasy, Zelenski apela a las conciencias de los dirigentes occidentales con el argumento de que el armamento pesado no sólo ayudaría a derrotar a Rusia, sino a salvar vidas.

Todos los grupos sociales, desde los transportistas a los médicos, desde los campesinos a las grandes empresas, tienen tendencia espontánea a identificar y defender sus intereses colectivos. El capitalismo neoliberal les asigna el vocablo de grupos de interés o lobbies y pretende degradar a ese rol el papel de los sindicatos. Pero objetivamente son mucho más que eso.

El hecho de vivir del propio trabajo ha constituido durante mucho tiempo un cemento suficiente para favorecer una identidad común que surge del conflicto con el capital. Siempre fue, no obstante, una identidad trabajada, tarea que ha correspondido a los sindicatos de clase, organizaciones volcadas en integrar lo disperso, dotándole de una unidad que nunca surgió de forma espontánea.

No hay tregua judicial para Donald Trump: sus causas pendientes con la justicia están empezando a acorralarle. Después de convertirse a principios de mes en el primer mandatario –en activo o retirado– procesado en la historia de Estados Unidos, en la última semana de abril ha recibido dos nuevos embates legales.

El miércoles comenzó a testificar en Nueva York la columnista E. Jean Carroll, que lo acusa de haberla violado en los años noventa en los probadores de unos grandes almacenes. El testimonio siguió el jueves, mientras Trump reiteraba en un mitin en Manchester (New Hampshire) que un perverso estado profundo está conspirando contra él a base de investigaciones judiciales.

Los gobiernos de coalición socialdemócratas van desapareciendo en el mapa del norte de Europa. Tras el giro a la derecha en Suecia, Finlandia se encamina hacia un nuevo gobierno con la participación de la formación de ultraderecha, el Partido de los Finlandeses. El anuncio lo hizo este jueves el líder de los conservadores de Coalición Nacional, Petteri Orpo, ganador en las pasadas elecciones parlamentarias del 2 de abril.

Tras unos resultados electorales muy ajustados, los conservadores tenían sobre la mesa la posibilidad de formar un gobierno de frente amplio con los socialdemócratas de la primera ministra saliente, Sanna Marin, –tercera fuerza más votada en las elecciones–.

La reconstrucción del edificio multilateral surgido en 1944 en Bretton Woods, complejo hotelero de Nueva Hampshire donde la comunidad internacional gestó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su institución hermana, el Banco Mundial (BM), se ha convertido en una urgente reivindicación. Para ser más exactos, las críticas recurrentes a la arquitectura financiera global que se confeccionó en la conferencia en el balneario estadounidense vuelven a salir a la palestra.

Casi tres cuartos de siglo después, el coro de voces que reclama una reconversión radical del multilateralismo resulta casi atronador.

Una nueva era se ha abierto en la Unión Europea (UE). Y, por tanto, en España. Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y las nuevas reglas fiscales amenazan las políticas sociales de los gobiernos para luchar contra el impacto de la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania. La combinación del encarecimiento de la financiación para luchar contra la subida de precios y la vuelta a normas de control presupuestario para reducir los endeudamientos atan las 'manos' de los ejecutivos europeos para diseñar medidas que alivien el daño que sufren los ingresos reales de las familias.

Fumata blanca. Tras varios días de intensas negociaciones, la Comisión Europea ha anunciado un acuerdo con Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia para las importaciones de grano ucraniano. Esos cinco países habían prohibido unilateralmente la entrada de determinados cereales en su territorio por los estragos que el levantamiento de los aranceles y las cuotas que la UE adoptó para ayudar a Ucrania tras la invasión rusa estaba generando en sus economías. La decisión irritó tanto a Bruselas como a los 27, pero finalmente hay un entendimiento.

El Gobierno ha remitido este viernes a Bruselas el Programa de Estabilidad para el periodo 2023-2026. El documento, un trámite obligado antes del 30 de abril cada año sobre el cuadro económico a medio plazo, incluye una hoja de ruta para el anunciado descenso del déficit durante los próximos años. El Gobierno lo fía a un aumento de los ingresos, especialmente los tributarios, y una senda a la baja en los gastos públicos. En concreto, el programa establece un aumento del 29% en los ingresos por impuestos hasta 2026.