Cuando azotó la crisis de precios, había hogares que no podían hacer más encajes de bolillos para llegar a fin de mes. Nuria (nombre ficticio), en paro y con dos hijos pequeños, vive en Euskadi y es perceptora del ingreso mínimo vital, la renta mínima estatal que el Gobierno puso en marcha de manera acelerada en la pandemia. El año pasado, con los precios disparados, el Ejecutivo aumentó su cuantía un 15%, que sigue en vigor durante 2023. "La ayuda no es suficiente, pero al menos sales adelante.