Un centenar de nombres. El 0,3% de los más de 31.000 declarantes que legalizaron dinero negro pagando a Hacienda, en ocasiones, menos del 3%. Es la mínima proporción de beneficiarios conocidos de la amnistía fiscal que el gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, lanzó en 2012, y que el Tribunal Constitucional anuló en 2017.
El último nombre que ha salido a la luz es el de un narcotraficante gallego, Ángel Toirán, condenado en firme por el Tribunal Supremo y que en noviembre de 2012, al poco de salir de prisión, regularizó 90.000 euros en efectivo con esa medida.