El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ha comunicado al consejo de administración su deseo de renunciar al cargo por motivos personales, por lo que será sustituido por el actual consejero delegado, Javier García del Río.

Echegoyen, que renuncia a la presidencia de Sareb tras siete años en el puesto, continuará desarrollando su actividad hasta que se elija a su sucesor tras la próxima junta de accionistas, prevista para el próximo 27 de mayo. El consejo de administración propondrá que Echegoyen sea sustituido por García del Río, que se incorporó a Sareb en febrero de 2020.

Las siglas SPAC están tomando protagonismo en los últimos años en EEUU y ahora también en Europa. El Gobierno español quiere allanar la llegada de este tipo peculiar de sociedades de inversión bursátil para convertirlas en una "alternativa a la dependencia del crédito bancario" de las empresas, especialmente para aquellas con "amplio potencial de crecimiento". La Vicepresidencia de Asuntos Económicos ha abierto esta semana la consulta pública para el anteproyecto de la nueva ley del mercado de valores, que incluye por primera vez a este tipo de sociedades para dotarlas de "seguridad jurídica".

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha empezado a publicar las actas de inspección a las centrales nucleares que supervisa tras dos años de apagón informativo.

Entre el miércoles 5 y el jueves 6 de mayo, el organismo público que evalúa, inspecciona y regula la seguridad nuclear y la protección radiológica en España ha publicado un total de diecinueve actas de inspección que hasta ahora no había difundido pese a estar obligado a hacerlo por su estatuto.

Los documentos publicados ahora recogen el resumen de visitas realizadas por los inspectores del organismo entre abril de 2019 y febrero de 2020 a las centrales nucleares de Cofrentes (Valencia), Vandellòs II (Tarragona) y Almaraz (Cáceres); al almacén de residuos de media y baja actividad de la empresa pública Enresa en El Cabril (Córdoba); y a la fábrica de combustible nuclear de la estatal Enusa en Juzbado (Salamanca).

Cuatro meses más de ERTE por el momento. El Gobierno ha planteado este jueves a los sindicatos y patronales mayoritarios que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se extienda hasta el 30 de septiembre, explican a elDiario.es fuentes del diálogo social. La fecha repite la ampliación por cuatro meses, como la última prórroga acordada, y permite acoger dentro de este mecanismo de 'hibernación' del empleo toda la temporada de verano.

El actual mecanismo de ERTE, con elevadas exenciones en el pago de cuotas a las empresas y con derecho a la prestación por desempleo de los trabajadores, está vigente hasta el 31 de mayo.

BBVA ha trasladado este jueves a los sindicatos la propuesta económica para las salidas que se produzcan dentro del ERE que afectará a más de 3.000 trabajadores. La propuesta ha llegado en el primer día del periodo formal de negociación entre las partes, tras dos semanas de encuentros informales para sacar adelante el primer ERE que ejecuta el banco. Los representantes de los trabajadores ya han mostrado su disconformidad con las ofertas económicas para la plantilla, que tildan de "insultante".

Las propuestas económicas se dividen por la edad de los trabajadores que se adhieran al ERE.

El Juzgado número 18 de lo Social de Madrid ha reconocido a un ordenanza con contrato temporal del Palacio de La Moncloa su condición de trabajador "indefinido no fijo" tras sufrir continuos ceses con cada cambio de presidente de Gobierno. El trabajador lleva en su puesto desde 2007, pero en su trayectoria laboral ha sufrido cinco ceses, coincidiendo con los cambios de presidente de gobierno, o incluso de fin de legislatura. La sentencia se puede recurrir.

Así consta en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza da la razón a Raúl Santos, representado por el despacho de abogados Parrado Asesores y que acudió a los tribunales para que se declarase el carácter permanente de su actividad laboral.

CaixaBank ha presentado este jueves los resultados del primer trimestre del año. Son los primeros en los que se incluye ya a la absorbida Bankia, tras culminar la fusión la pasada semana santa. La operación deja un beneficio de 4.786 millones de euros, frente a los 90 del mismo periodo de un año antes. El banco lo achaca a un impacto extraordinario de un ajuste contable durante la unión de ambas entidades. Sin ese impacto, el beneficio igualmente habría crecido hasta los 514 millones de euros.

El grupo explica que, tras la incorporación del patrimonio neto de Bankia, la cuenta del Grupo CaixaBank refleja un apunte extraordinario asociado a la fusión ( conocido como fondo de comercio negativo o badwill) de 4.300 millones de euros, que unido a los gastos extraordinarios de la integración y al resultado ordinario da lugar a un beneficio atribuido contable en el primer trimestre de 4.786 millones.

El fraude y los abusos en la contratación temporal en España están muy extendidos. No es solo una afirmación que repiten sindicatos, economistas y personas expertas en el mercado laboral español. Se hace evidente en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, cuando cada ciertos meses lanza alguna campaña contra esta irregularidad en la contratación. En los últimos cuatro meses, la Inspección ha convertido en fijos a 144.000 trabajadores temporales fraudulentos. El Gobierno quiere "atajar" este fraude con nuevas medidas y más penalizaciones en su reforma laboral prometida a Bruselas dentro del Plan para la Recuperación, que tendrá lugar casi en su totalidad en 2021.

A última hora de la tarde del pasado viernes, el Gobierno envió el plan de recuperación a Bruselas. El documento contenía un mensaje sobre la eliminación de los beneficios fiscales para las declaraciones conjuntas que llevó al Ejecutivo a tener que matizarlo y negar que estuviese en marcha esa medida. Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido en el mensaje de los últimos días y lo ha achacado a una "errata". Lo que sí es un compromiso del Gobierno es la revisión durante los próximos años de una quincena de beneficios fiscales, entre los que se encuentra el citado anteriormente, con el objetivo de analizar si sus objetivos iniciales se cumplen y si su coste es acorde al impacto logrado con ello, según figura en el detalle del Plan de Recuperación y Resiliencia, conocido este miércoles.

El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga".

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.