Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando el sector del automóvil de Estados Unidos se concentró en la producción de material bélico, los fabricantes de automóviles han dado ahora un paso al frente para fabricar equipos médicos en la lucha contra COVID-19.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó la Ley de Producción de Defensa, legislación adoptada en 1950 en respuesta a la Guerra de Corea y que permite a la Casa Blanca movilizar el sector industrial para producir equipos necesarios para la defensa nacional.

Y este martes, el administrador de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), Peter Gaynor, anunció que la Casa Blanca implementará formalmente la ley para conseguir el equipamiento médico que hospitales y personal médico necesitan en la lucha contra COVID-19.

Wall Street cerró este martes con fuertes ganancias y el Dow Jones, su principal indicador, se disparó un 11,37 %, su mejor día desde 1933, debido a las expectativas de que los legisladores estadounidenses cierren pronto un acuerdo para impulsar una multimillonaria ley de estímulo fiscal que proteja la economía frente a la pandemia del coronavirus.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones rebotó unos impresionantes 2.112,98 puntos, registrando la mayor subida absoluta de su historia y situándose en 20.704,91 enteros, aupado por los colosales avances de Chevron (23 %), American Express (22 %), Boeing (20 %) o McDonald's (18 %).

Lídia Brun (Sabadell, 1987) es economista. En la actualidad es investigadora doctoral en Macroeconomía y Desigualdad en la Universidad Libre de Bruselas (ULB) y escribe artículos de divulgación económica para diversos medios. Ha sido también asesora del grupo de Los Verdes en la Comisión de Economía y Fiscalidad del Parlamento Europeo.

Sobre las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus, asegura que le parece fundamental "empezar a asumir que habrá pérdidas generalizadas con esta crisis y a pensar cómo se va a repartir el golpe". Y advierte del riesgo de que cuando acabe la crisis con unos niveles de deuda pública mucho mayores, "los adalides de la austeridad ataquen de nuevo".

Los ERTE se han convertido en algo muy cotizado para muchos trabajadores estos días. Son temporales a los que sus empresas están finalizando sus contratos, adelantando la extinción o dejando que concluyan sin renovarles en sus puestos. Esta práctica, "generalizada" según CCOO y UGT, deja a estos empleados en la calle sin acceso a las ventajas aprobadas por el Gobierno para los expedientes temporales. "Si estuviera en un ERTE, al menos tendría paro asegurado y la garantía de volver a mi puesto. Ahora estoy desamparada", cuenta Inma (nombre ficticio), periodista de una revista a la que le habían asegurado que por fin iba a dar el salto al contrato indefinido tras superar el periodo de contrato en prácticas.

El Gobierno asegura que "en ningún momento" se ha contemplado rebajar los salarios de los empleados públicos debido a la crisis del coronavirus, como ha publicado el diario La Razón este martes. "Son más imprescindibles que nunca, en ningún momento este Gobierno se ha planteado ninguna rebaja", ha asegurado la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Los dirigentes del G7, los países más industrializados y ricos del mundo, reiteraron su compromiso este martes de hacer "todo lo necesario" para restaurar la confianza y el crecimiento económico" ante la magnitud de la crisis del coronavirus.

"Haremos todo lo necesario para restaurar la confianza y el crecimiento económico y proteger empleos, empresas y la resistencia del sistema financiero", dijeron los países del G7 en un comunicado al término de una reunión virtual de los ministros de Economía y banqueros centrales.

La paralización generalizada de la actividad por la expansión internacional del coronavirus amenaza con llevar a la recesión a la economía global, con la pérdida de millones de empleos y la quiebra de empresas en todo el mundo y, para contrarrestarla, los principales bancos centrales han llevado a cabo masivas inyecciones de liquidez y las autoridades estatales han lanzado enormes planes de estímulo fiscal.

Las 80 plantas farmacéuticas que hay en España trabajan a pleno rendimiento para garantizar el suministro de medicamentos, tanto para los enfermos de coronavirus como para cualquier tipo de dolencia, ha asegurado en declaraciones a Efe el subdirector general de la patronal Farmaindustria, Javier Urzay.

"Somos un sector crítico que no puede parar", ha subrayado Urzay, quien ha recalcado por ello la necesidad de dotar al personal de artículos de protección (guantes, mascarillas, batas o gafas).

Hasta ahora, ha apuntado, las fábricas están pudiendo trabajar con normalidad e incluso incrementando la producción de artículos con alta demanda.

Además, trabajan en estrecha coordinación con el Ministerio de Sanidad, las autonomías y la Agencia Española del Medicamento para que la demanda se distribuya correctamente y evitar así el acaparamiento por ejemplo, en farmacias o domicilios.

Un avión de transporte militar A400M de Airbus, el MSN56 de la serie que se ensambla en factoría de San Pablo de Sevilla y que partió de esas instalaciones, operado por una tripulacio´n del consorcio aeronáutico europeo, mantendrá un puente aéreo para traer a España mascarillas fabricadas en China.

Este avión transportó en la tarde de ayer desde Toulouse hasta la base ae´rea de Getafe (Madrid) la primera entrega del material sanitario chino al Ministerio de Defensa, según han informado este martes fuentes de Airbus

Esta primera carga es parte de los aproximadamente dos millones de mascarillas transportadas durante el pasado fin de semana por un avio´n A330-800 de pruebas de Airbus desde Tianjin (China) a Europa.

La Generalitat ha pedido al Gobierno que asegure una "renta de protección de ciudadanía" que garantice los ingresos durante la crisis del coronavirus y permitir así un "confinamiento total", al tiempo que ha reclamado que se amplíen los supuestos para aplicar un ERTE.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha expresado estas demandas en una rueda de prensa telemática después de una reunión, también por videoconferencia, del Govern.

"El Gobierno debe tomar las medidas necesarias para asegurar una renta de protección de ciudadanía que garantice los ingresos durante la crisis y permitan un confinamiento real", ha remarcado.

Los establecimientos de la red hotelera pública de Paradores de Paradores de Turismo de España están a disposición de las autoridades para "prestar atención sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de hospitalización", tal y como recoge este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Sanidad ha establecido criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en relación a la orden ministerial del pasado 19 de marzo, por la que se establece la suspensión de apertura al público de todos los hoteles y alojamientos turísticos de corta estancia, ubicados en cualquier parte del territorio nacional.