El Gobierno Vasco ha emitido este jueves su tercer bono sostenible por valor en esta ocasión de 500 millones de euros con el objetivo de "contar con liquidez suficiente para financiar los gastos urgentes" que se derivan de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha comparecido en rueda de prensa vía telemática para presentar esta tercera emisión del "Bono Sostenible Euskadi", que según ha dicho ha logrado una demanda que ha superado 7 veces la oferta, concretamente de 3.521 millones de euros, con 120 inversores de 17 países.

Se trata del tercer bono de estas características que emite el Ejecutivo autonómico en los dos últimos años.

El interés exigido a la deuda europea cae hoy sensiblemente y las primas de riesgo de los países periféricos (la diferencia de rentabilidad con el bono alemán) se relaja, hasta situarse, en el caso de España, en los 100 puntos básicos.

Esta evolución responde al programa de compra de deuda, pública y privada, puesto en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) y al renovado interés de los inversores por los activos considerados más seguros, lo que se aprecia también en la subida del precio del oro.

Durante unos días, en las jornadas de mayor incertidumbre en los mercados, los inversores se habían desprendido incluso de los activos refugio en busca de una liquidez total.

Dificultar por ley los despidos es la siguiente prioridad de los sindicatos mayoritarios en la crisis del coronavirus, además de proteger a colectivos desprotegidos que se queden sin ningún ingreso en estos días. Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han denunciado en una rueda de prensa conjunta este jueves el alto número de despidos y extinciones de contratos temporales por parte de las empresas durante la emergencia sanitaria. En el gabinete económico de CCOO, a falta de datos oficiales, cifran en torno a "un millón" las personas que han sido expulsadas de sus empresas, de las que tres cuartas partes tenían un contrato temporal.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una bajada del 2,49 %, hasta los 23,88 dólares el barril, por temor a que el paquete de estímulo económico de dos billones de dólares acordado en Washington no sea suficiente para compensar la caída brutal de la demanda de combustible derivada de las restricciones en los desplazamientos por el COVID-19.

A las 09.15 hora local (13.15 GMT) el barril cotizaba así por debajo de los 24 dólares tras restar 0,61 dólares respecto a la sesión del miércoles.

Los precios del petróleo abrieron a la baja arrastrados por la perspectiva de los inversores, que auguran una contracción de la demanda de petróleo de más de 10 millones de barriles por día (bpd), lo que provocará un exceso de oferta, especialmente a partir del 1 de abril, según los analistas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abogado por que el Gobierno permita suspender el pago del alquiler de pisos y locales comerciales a los afectados por la crisis del coronavirus, con medidas compensatorias para los arrendadores que también hayan perdido su empleo o hayan reducido sus ingresos.

"Tenemos que ser capaces de proteger a todas las personas que están viéndose en muchas dificultades para pagar el alquiler de su vivienda y de su local, si son pymes o autónomos, sin desproteger a los pequeños propietarios que a lo mejor también están en una situación difícil", ha dicho este jueves en una entrevista en La Sexta.

Ericsson ha firmado con la operadora de móviles griega Cosmote (del grupo Deutsche Telekom) el despliegue de su red de acceso por radio (RAN) para la quinta generación (5G), con lo que suma 86 tratos comerciales para el despliegue de esta tecnología en todo el mundo, cerca de los 91 de Huawei.

La fabricante sueca de equipos de infraestructura de telecomunicaciones ha anunciado el nuevo acuerdo con Cosmote este jueves.

La china Huawei tiene firmados 91 tratos y la finlandesa Nokia 68, según sus últimas cifras conocidas.

Huawei, Ericsson y Nokia encabezan un mercado de redes para 5G que solo tiene otras dos competidoras: la surcoreana Samsung y la china ZTE.

El problema que pone en evidencia la pandemia del coronavirus en los sistemas sanitarios de los países ricos no es tanto una falta de dinero como la necesidad de prever reservas de personal y material médico para situaciones excepcionales, según la OCDE.

"La crisis del COVID-19 demuestra que se necesita flexibilidad y adaptación en el uso de los recursos existentes, así como planificar respuestas si aumenta la demanda", explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un documento que ha publicado para orientar las políticas de sus países miembros.

Fuentes de la organización insisten a Efe en que el colapso que viven los sistemas sanitarios de los países más afectados "no es necesariamente un problema de dinero", ya que incluso los que más gastan no están preparados para hacer frente a esta ola de pacientes.

Los líderes del G20 comenzaron hoy la cumbre virtual para abordar la situación mundial por el impacto del coronavirus y coordinar medidas para mitigar su impacto en la economía y los mercados globales.

El Ministerio de Exteriores saudí, país que actúa como presidente pro tempore del organismo, difundió imágenes del rey Salman bin Abdelaziz en una pantalla durante su turno de palabra con líderes de otros países en los recuadros inferiores.

El ministerio saudí y la agencia oficial SPA informaron en una serie de mensajes en Twitter de que el rey Salman se refirió en su discurso inicial a la "responsabilidad" como "líderes de las economías más grandes del mundo" de afrontar la pandemia del coronavirus.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha vuelto a pedir al Gobierno central que paralice las obras que se están realizando en la ciudad, dado que el Consistorio no tiene las competencias para hacerlo, y se trata de una actividad que sigue su curso de forma "injustificable" pese al estado de alarma.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Villacís ha insistido en esta petición al Ejecutivo central, después de que el pasado viernes ya hubiese remitido un informe a la Comunidad de Madrid para que ésta, a su vez, propusiese al Estado que se paralicen las obras.

Las empresas de participación pública se han sumado a los esfuerzos del conjunto del ámbito empresarial español por modificar su actividad para favorecer el combate de la expansión del Covid-19, mitigar su efecto en la población y proteger a sus trabajadores.

Así, las sociedades participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con actividad en sectores como el postal, el naval, el energético, el agrario o el de la distribución alimentaria, han puesto en marcha una serie de iniciativas para colaborar en esta lucha, según fuentes del holding empresarial dependiente del Ministerio de Hacienda.

SERVICIOS POSTALES

Correos mantiene el servicio postal en todo el territorio nacional con el 25 % de sus empleados trabajando de forma presencial, el mínimo que la compañía considera imprescindible para atender sus obligaciones.