En España hay casi tres millones de personas trabajando para las distintas administraciones públicas. Y es uno de los países europeos que más abusan de la temporalidad en el empleo público. Miles de interinos que, tras años encadenando contratos temporales, pasan a ser considerados “indefinidos no fijos” por los tribunales y cuyo futuro sigue sin estar claro: los jueces españoles no se ponen de acuerdo sobre cómo aplicar la sentencia europea que sanciona este exceso de inestabilidad laboral en la administración central, autonómica y local.
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