"Es probable que el Banco Central Europeo (BCE) recorte los tipos de interés en verano", ha dicho la presidenta de la institución monetaria, Christine Lagarde, este miércoles a Bloomberg, en el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos (Suiza).

Lagarde ha echado un jarro de agua fría a las expectativas que apuntaban a un primer recorte de los tipos de interés en primavera o incluso en marzo. Según estas declaraciones, el BCE se mantendrá firme en su empeño por ahogar la economía para luchar contra la inflación, después del ciclo de subidas más agresivo de la historia del euro, del 0% de julio de 2022 al 4,5% actual, un máximo desde 2008 en el que los mantiene desde otoño.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este miércoles por la mañana en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) con el máximo ejecutivo de Siemens Energy, matriz de Gamesa, Christian Bruch, y posteriormente se verá con el consejero delegado de la farmacéutica Sanofi, Paul Hudson, para reunirse después con Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las mayores fortunas mundiales.

La maratoniana sucesión de reuniones prevista en la agenda del presidente español en Davos incluye también este miércoles un encuentro con el presidente de asuntos globales de Google, Kent Walker, y un almuerzo posterior organizado por la multinacional para alrededor de 90 personas en el que se abordarán cuestiones sobre tecnología y la IA, tras el que tiene agendado un encuentro con el consejero delegado de Fujitsu, Takahito Tokita.

Un problema que se creía superado y que vuelve a estar en el centro del debate económico: los retrasos en las cadenas de suministro y el impacto que pueden tener en una inflación que se perfilaba en una fase de aterrizaje suave. Esta vez, el temor viene por la violencia en el Mar Rojo, que ha obligado a las navieras a evitar la principal ruta marítima entre Asia y Europa, a través del Canal de Suez, y a dar rodeos que aumentan varios días los trayectos y encarecen las facturas a pagar en el comercio internacional.

Blackrock anunció hace unos días su mayor operación corporativa en una década. Se trata de la compra del fondo de inversión en infraestructuras GIP por 11.413 millones de euros. Esta adquisición tiene un efecto en nuestro país. Cuando se concrete, la mayor gestora del mundo sería dueña del 20% de una empresa estratégica como es Naturgy. Con este movimiento, el gigante de la inversión financiera se convertirá en accionista de 20 de las 35 empresas que componen el Ibex 35.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes que el Gobierno ampliará los fondos a las Comunidades Autónomas para el Bono Alquiler Joven.

Lo ha dicho este martes en la presentación del proyecto 'Embarriados. Atlas de la nueva vulnerabilidad urbana y social de España' en Casa Seat, en la que también han participado la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, y la directora de Operaciones Corporativas de Seat, Patricia Such.

También han estado presentes el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, entre otros.

Críticas del líder de los empresarios españoles al Ministerio de Trabajo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recriminado este martes que con la reducción de la jornada laboral que pretende aprobar Yolanda Díaz este año se producirá otra "subida implícita del salario mínimo". El dirigente patronal ha acusado al Gobierno de "engañar a las empresas", aunque la reducción de la jornada está contemplada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar desde el pasado octubre.

Las declaraciones del empresario vasco se producen después de que la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz avanzara ayer que "el siguiente paso" que va a dar su Ministerio es convocar una mesa de diálogo social para empezar a debatir la reducción de la jornada laboral, "que lleva 40 años congelada" en España.

La Comisión Europea está analizando ya las reformas que España ha puesto en marcha en el marco del cuarto desembolso de los fondos vinculados al Plan de Recuperación y Resiliencia y es consciente de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene, al menos por ahora, un suspenso: la reforma del subsidio de desempleo. Para el Ejecutivo, que siempre ha ido en cabeza de la ejecución del plan, sería un golpe que Bruselas haga un pago de parcial de los 10.000 millones de euros asignados a los cerca de 60 hitos recogidos en esa parte y está negociando ya la letra pequeña con el gobierno comunitario, que ve "prematuro" anticipar ese desenlace.

El Ministerio de la Seguridad Social ha situado ya las primeras reformas que negociará con los agentes sociales en esta nueva legislatura. La más destacada, la reforma de la jubilación parcial que quedó comprometida en la última fase de la reforma de pensiones, a la que se suma otra tarea pendiente de años: la revisión del retiro anticipado de las profesiones consideradas "penosas". Además, abordará el papel de las mutuas en procesos traumatológicos pactada por patronal y sindicatos en mayo y otras reclamaciones de los sindicatos, como el seguimiento del ingreso mínimo vital.

Una aportación mínima. Esta pequeña exigencia ha provocado la desaparición de gran parte de las sicav que operan en España. Un cambio en la ley contra el fraude fiscal en 2021 ponía fin a una mala práctica que operaba en este negocio desde hace décadas y permitía a las grandes fortunas beneficiarse de una tributación ínfima por la gestión de su patrimonio. Desde que esa ley entrara en vigor, el negocio se ha deshecho como un azucarillo. Los inversores han salido en busca de otros sistemas de inversión fiscalmente más favorables.

El gran aumento del salario mínimo interprofesional de los últimos años, de casi el 50% desde 2018, ha permitido subir el sueldo a muchas personas. El Gobierno calcula que alrededor de 2,5 millones de trabajadores han pasado a quedar bajo la cobertura de este mínimo legal. Sin embargo, algunos empleados ven frustradas sus expectativas cada año, creyendo que les afecta el alza del SMI, pero sin que al final se refleje en sus nóminas. Ocurre porque sus empresas "absorben" el incremento con los pluses y complementos que les abonan, una medida avalada por la justicia, pero contra la que exigen legislar los sindicatos.