Iker Marcaide está de enhorabuena. El pasado 26 de mayo, la empresa que fundó hace ahora doce años debutó en el Nasdaq, el índice bursátil en el que cotizan las grandes tecnológicas estadounidenses. La noticia ha sido celebrada por muchos emprendedores e inversores patrios por lo que representa: Flywire, antes llamada Peertransfer, es la primera startup de origen español que alcanza esa cima. Valorada en casi 3.000 millones de euros y dedicada a la gestión de pagos en distintos sectores (educación, sanidad o turismo), Flywire es hoy una empresa americana cuyo equipo de desarrollo, de más de cien empleados, continúa en Valencia.

El acuerdo del G7 sobre una reforma del sistema fiscal global, rubricado en Londres, supondrá mayores contribuciones fiscales para las grandes empresas tecnológicas. Éstas deberán cotizar el Impuesto de Sociedades en los lugares donde operan, de manera que esto ataca de forma directa la elusión fiscal conocida hasta la fecha. El mínimo acordado es de un 15%, a partir de la propuesta de Estados Unidos, que incluso solicitaba un porcentaje que superaba ligeramente el 20%.

La espoleta de este histórico pacto han sido las consecuencias de las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus por parte de los gobiernos.

El Gobierno prevé sacar a concurso la explotación de dos presas hidroeléctricas de Iberdrola cuya concesión vence en los próximos años. “La normativa española de aplicación general prevé la promoción de un concurso público de concesión de agua y aprovechamiento hidroeléctrico”, señala el Ejecutivo, que prepara cambios legales en el régimen y los plazos de estas concesiones.

En una batería de respuestas parlamentarias, el Gobierno resume su posición sobre dos instalaciones inauguradas durante los primeros años de la dictadura franquista que Iberdrola, líder hidroeléctrico en España, explota desde hace décadas en la zona de los Arribes del Duero: las presas de Villalcampo (I y II), con una potencia total de 206 megavatios (MW), que fue puesta en servicio en 1949; y los Saltos de Castro (I y II), con 190 MW de potencia, inaugurada en 1952

En el caso de Villalcampo, su concesión vence el 10 de octubre de 2024 y en el de los Saltos de Castro, lo hace el 22 de julio de 2028, precisa el Ejecutivo.

Otra realidad, el último libro de Yanis Varoufakis (Falero, Grecia, 1961) está disfrazado de ensayo. La imagen del exministro de Economía griego en portada puede hacer pensar en El minotauro global, análisis de la crisis económica publicado en 2011, o Comportarse como adultos, crónica de su experiencia en las tripas de la Unión Europea publicada en 2017 y llevada al cine por Costa-Gavras. Pero esto es ficción. Concretamente, ficción especulativa, ciencia ficción. En la novela el también cofundador del “movimiento paneuropeo” DiEM25 narra la vida de un grupo de amigos que descubre una especie de sistema potenciador de multiversos.

La historia de las criptomonedas es un buen reflejo del capitalismo de Estado chino. En general, la impresión en Occidente es que China es una dictadura férrea, sobre todo desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012, y que el partido lo controla (casi) todo. Pero eso no es así. En China hay muchas más libertades de las que se creen, y la actividad en criptomonedas es un buen ejemplo. De las primeras veces que tuve conversaciones serias sobre el potencial de Bitcoin fue en Shanghái, allá por el año 2011.

El sector bancario español vive durante este curso una nueva oleada de despidos de trabajadores y cierres de oficinas. Una oleada que, en realidad, es una continuación de la que vive la banca desde la pasada crisis financiera. Esta evolución, impulsada por la concentración de entidades financieras y la búsqueda de una rentabilidad que nunca termina por aumentar, han convertido a España en uno de los países europeos donde las cinco principales entidades han ganado más cuota de mercado, más trabajadores se han quedado sin su puesto y más oficinas han echado el cierre.

La electricidad es hoy un 37% más cara que hace un año, según los últimos datos del INE. La escalada coincide con la llegada de la nueva factura de la luz, lo que sin duda añade confusión a los consumidores, aunque el motivo esté en el encarecimiento del gas natural y la especulación en la bolsa europea de CO2. La electricidad es uno de los productos que más se han encarecido desde que empezó la pandemia, de acuerdo al análisis elaborado por elDiario.es comparando los últimos datos disponibles (abril de 2021) con los previos al coronavirus (enero de 2020).

Los ministros de finanzas del G-7 han llegado a un acuerdo que podemos calificar de histórico ya que supone una revolución total respecto de la situación actual, en la que valga como ejemplo que, según se ha publicado en los últimos días, una filial irlandesa de Microsoft ganó 260.000 millones de euros en 2020 sin pagar un solo euro de impuestos.

Se pueden imaginar los impuestos que han dejado de pagar en las últimas décadas las grandes multinacionales tecnológicas, situación permitida hasta ahora por las autoridades mundiales (G-7 y G-20), por los organismos internacionales (OCDE) y por la propia Unión Europea, que, con su habitual hipocresía, dice que lucha contra los paraísos fiscales, pero al mismo tiempo permite en su territorio figuras como el doble irlandés o el sándwich holandés, que son utilizadas por estas grandes multinacionales para conseguir su objetivo de no pagar casi ningún impuesto a nivel mundial.

Hay acuerdo en un momento histórico en el que todas las economías del planeta están sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes en un siglo que ha llevado a grandes gastos en servicios públicos para hacerla frente. Por primera vez, se ha pactado que exista un impuesto mínimo global del 15% para evitar que las grandes empresas sorteen el pago de impuestos y, al tiempo, que algunos países como Holanda, Irlanda y Luxemburgo hagan dumping fiscal a sus socios. Es decir, que los paraísos fiscales no pueden tolerarse en un mundo globalizado.

Los planes del ministro José Luis Escrivá para reforzar la lucha contra la pobreza infantil consisten en una nueva ayuda de 50 euros por hijo para las familias en pobreza, como adelantó elDiario.es. Se trata de una propuesta de partida, que ha sido presentada como enmienda del PSOE en la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo vital (IMV) y que será discutida en el Congreso. Por lo que, de salir adelante, puede acabar con varios cambios. No solo en su cuantía, sino también en el alcance de las familias que se beneficien de ella.