Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron los cuatro millones en abril frente a los 26,8 millones de 2019 y el cierre total del mismo mes de 2020, cuando el estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus mantenía todos los establecimientos cerrados.

De media, los establecimientos hoteleros facturaron 70,1 euros de media por habitación ocupada, y los precios de los hoteles bajaron un 20,5% en tasa interanual, el mayor descenso desde que comenzó la serie, en 2002.

Aunque el INE facilita los datos de ocupación hotelera mes a mes, en esta ocasión, y dado que hace un año los hoteles estaban cerrados, ha realizado la comparativa del cuatrimestre: entre enero y abril de este año, las pernoctaciones se redujeron un 70,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Gobierno ya tiene sustituto al frente de Indra tras la decisión del Ejecutivo de prescindir de Fernando Abril-Martorell como máximo responsable del grupo tecnológico y de defensa, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El elegido es el ingeniero industrial y financiero Marc Murtra, que previsiblemente será nombrado nuevo presidente este lunes, según avanzó Cinco Días.

Bien visto desde La Moncloa por su buena conexión con el PSC, Marc Murtra, nacido en Blacburn (Reino Unido) en 1972, fue director de gabinete de socialista Joan Clos durante la etapa de este como ministro de Industria y previamente, y también durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, director general de Red.es.

Con la venta de Bankia a CaixaBank, el Instituto de Crédito Oficial ha quedado como la única entidad financiera controlada por el Estado. El ICO vive con la pandemia el que quizá sea su periodo de mayor protagonismo de los últimos años. Miles de empresas han recurrido a la línea de avales del organismo público para obtener créditos con los que evitar su cierre por la crisis sanitaria, lo que provocó un sobreesfuerzo para los 300 empleados que componen su plantilla.

Causa de la muerte: "infarto", "ictus". En cientos de miles de casos, a ese motivo le falta la verdadera causa: trabajar muchas horas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han presentado esta semana una investigación inédita que pone cifras por primera vez a los fallecimientos en el mundo por largas jornadas de trabajo. En 2016, las jornadas laborales de 55 o más horas semanales provocaron 745.000 defunciones por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas, una cifra un 29% superior a la de 2000.

Un juzgado de Barcelona ha reconocido el derecho del PSOE a ser resarcido por los daños causados por un cártel que durante más de tres décadas (entre 1977 y 2010) manipuló el mercado de sobres de papel en España, con el consiguiente perjuicio para formaciones políticas, grandes empresas, decenas de entidades financieras e instituciones públicas como la Agencia Tributaria.

El cártel, que estuvo activo desde la celebración de las primeras elecciones democráticas en España, fue desarticulado en marzo de 2013 por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), antecesora de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Jorge Dioni (Zamora, 1974) acaba de publicar La España de las piscinas, un ensayo nacido de la intuición, tras las elecciones generales de 2019, de que el urbanismo disperso —los nuevos barrios a las afueras de las ciudades o las urbanizaciones de adosados en los pueblos colindantes— había provocado un "giro neoliberal" en una parte de la sociedad española.

Esos votantes conformaban los cinturones naranjas, zonas con unas características muy determinadas en las que Ciudadanos arrasó. Aunque dos años después el partido esté al borde de la desaparición, "estaba la idea, más allá de la visión cortoplacista, de cómo habían evolucionado las clases medias y el modelo urbano español", explica su editor, Álvaro Palau, de Arpa Editores.

No es solo que haya una canciller –Angela Merkel– ni por que ahora mismo la jefa del Gobierno germano tenga como probable sucesora, según las encuestas, a otra mujer –la ecologista Annalena Baerbock–. En Alemania hay costumbre de ver a mujeres en posiciones de liderazgo político. Otra cosa es lo que ocurre en el ámbito de las grandes empresas representadas en el índice bursátil DAX, una situación que ha empezado a cambiar con la llegada de la española Belén Garijo.

El pasado lunes 3 de mayo fue el primer día de trabajo de esta mujer de 60 años como CEO del gigante farmacéutico alemán Merck.

El Gobierno ha tomado la decisión de relevar a Fernando Abril-Martorell como presidente ejecutivo de la tecnológica Indra, de la que el Estado es el primer accionista con una participación del 18,7% canalizada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Una vez se complete el relevo de Abril-Martorell, adelantado por El Confidencial, está por definir quién será el sustituto del ejecutivo. Esta decisión deberá producirse previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del grupo, que cotiza en el Ibex 35. Tras trascender la decisión del Gobierno de fulminar al ejecutivo, la cotización de Indra se desploma en Bolsa más de un 7% y lidera las caídas en el selectivo.

La nueva prórroga de los ERTE también apurará los plazos de negociación. La reunión entre el Gobierno y los agentes sociales celebrada este viernes para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre ha finalizado sin acuerdo. Las partes seguirán negociando "a lo largo de este fin de semana" y previsiblemente se reunirán de nuevo el lunes. Es el día límite para acordar la extensión, ya que el último Consejo de Ministros antes de que caduquen los ERTE es el próximo martes, 25 de mayo.

Malas noticias para los movimientos de interinos que reclaman la fijeza en sus puestos después de años de temporalidad fraudulenta. Este abuso, reconocido por la justicia europea, el propio Gobierno y contra el que el ministro Miquel Iceta ha anunciado algunas medidas, no puede saldarse con el reconocimiento del puesto fijo en la Administración Pública porque no respeta el acceso en igualdad que reconoce la Constitución Española. Así lo han reiterado en los últimos días dos tribunales superiores de justicia (TSJ), de Euskadi y de la Comunidad Valenciana, que se remiten a la doctrina del Supremo.