"La brecha salarial es algo que no quieres tener, no crees tener, pero que cuando la mides te la encuentras". Son las palabras de una alta directiva de una gran empresa que ha reproducido este jueves María del Val Díez, presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE. La patronal ha participado junto Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT en la presentación de la herramienta IR!, consensuada con el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad para facilitar a las empresas cumplir con sus obligaciones en materia de igualdad retributiva, como el registro salarial desde este 14 de abril.

Los consejos de administración de Repsol y Telefónica deberán analizar la posible dimisión de Antonio Brufau, presidente no ejecutivo de la petrolera, e Isidre Fainé, vicepresidente de la multinacional de telecomunicaciones, tras su imputación por el espionaje del comisario José Manuel Villarejo al expresidente de Sacyr Luis del Rivero.

El reglamento del consejo de la petrolera establece que sus consejeros deben poner su cargo a disposición del máximo órgano de gestión de la compañía “y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión”, cuando a juicio del máximo órgano de gestión y previo informe de la Comisión de Nombramientos, “su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o afectar negativamente al funcionamiento del propio Consejo o al crédito y reputación de la Sociedad”.

Guillermo Muñoz, físico, investigador de 42 años que se doctoró en 2010, aún tiene un contrato temporal. "Y casi se puede decir que soy un privilegiado, soy investigador principal de un proyecto nacional", explica este científico vinculado al Instituto de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Valencia. La edad media a la que los investigadores alcanzan la estabilidad laboral en España, con un contrato fijo, está "entre los 43 y 45 años", explica Elisa Fernández, representante de CCOO en la Marea Roja de la Ciencia y la Investigación.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) ha emitido este jueves una opinión en materia de transparencia fiscal y presupuestaria de las administraciones públicas en España en la que solicita mejoras en materia de presentación de las cuentas y de estudio de los eventuales riesgos a los que se exponen las cuentas públicas para cumplir con las buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional. Además, ha analizado el cumplimiento de estos puntos por parte de las Comunidades Autónomas, quedando Asturias y Castilla-La Mancha como las que peor nota obtuvieron.

Se esperaba que la decisión de los jueces del Tribunal Constitucional alemán sobre la conocida como “Ley de tope al alquiler de Berlín” llegara este verano. Pero, como indicaba en titulares esta semana el diario berlinés de Die Tageszeitung: “Los jueces tienen prisa”. Resultado de esa prisa es que los magistrados del tribunal con sede en Karlsruhe decidieran este jueves declarar nula la medida berlinesa.

Los jueces han declarado la norma berlinesa, aplicada desde finales de febrero de 2020, “incompatible con la Ley Fundamental” y, en consecuencia, “nula”, según se lee en el comunicado emitido este jueves por el Tribunal Constitucional.

Una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano de fiscalización del Ministerio de Hacienda, revela el descontrol de adjudicaciones en Correos, la mayor empresa pública de España, durante la etapa de Mariano Rajoy y, en concreto, en el ejercicio 2016.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento y Operativa de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, al que ha tenido acceso elDiario.es, detecta "incumplimientos graves" de la normativa de contratación en una muestra de 36 contratos adjudicados por Correos en 2016.

El ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero ha señalado este miércoles ante el juez que investiga la contratación por parte del BBVA del comisario José Manuel Villarejo que cuando la constructora decidió en febrero 2005 abortar el intento de entrar en el Consejo de Administración de BBVA, que presidía Francisco González --investigado en esta causa--, lo hicieron tras sentirse atacados en los medios y por miedo después de que ardiera la Torre Windsor el 12 de febrero de 2005.

Fin al artículo 315.3 del Código Penal, que penaliza con penas de cárcel los piquetes en las huelgas y por el que han sido procesadas unas 300 personas en los últimos años en España, según calculan los sindicatos. La derogación de este delito específico de coacciones en las huelgas, que ha avalado la mayoría del Senado esta mañana, es una reivindicación sindical que se intensificó en la última década con la campaña 'la huelga no es delito', cuando la fiscalía –durante el mandato de Mariano Rajoy– comenzó a utilizar este precepto legal para pedir elevadas penas de prisión en las movilizaciones de trabajadores durante la pasada crisis económica.

Televisa y Univisión han alcanzado un acuerdo para fusionar sus activos de medios, contenidos y producción y crear la mayor empresa global de medios en habla hispana, según informaron sendos grupos en un comunicado conjunto.

El acuerdo para la fusión establece que Univisión abonará a la mexicana Televisa 4.800 millones de dólares (algo más de 4.000 millones de euros) en la operación, de los cuales 3.000 millones de dólares (2.508 millones de euros) se desembolsarán en efectivo y la cantidad restante en acciones y otras contraprestaciones comerciales.

Uno de los riesgos de la actual crisis sanitaria, social y económica, en la medida en que se prolonga, es el aumento de la deuda privada y su traslación en préstamos de dudoso cobro. De momento, según el Banco Central Europeo, hay más advertencias que alertas; más riesgos que realidades. Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, ha llamado la atención en diversas ocasiones sobre la debilidad del sector bancario europeo. "Los préstamos dudosos en los bancos de la zona del euro podrían alcanzar los 1,4 billones de euros, muy por encima de los niveles de la crisis financiera y de la deuda soberana", ha dicho Enria en alguna ocasión: "Doce años después de la quiebra de Lehman Brothers y nueve años después de la primera participación del sector privado durante la crisis de la deuda soberana griega, la calidad de los activos en los bancos de la zona del euro aún no ha alcanzado los niveles previos a la crisis.