El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la constitución en Arabia Saudí de una filial de Navantia, denominada Navantia Saudi Arabia, LLC, seún informa Europa Press.

En concreto, esta filial de Navantia en el país asiático estará dotada con un capital social de 3,4 millones de euros, suscrito al 100% por la compañía pública naval.

La creación de la sociedad responde a las exigencias del contrato firmado en 2018 con Arabia Saudí, por importe de 1.813 millones de euros, para el diseño, construcción y entrega de cinco corbetas Avante 2200 que incluye, entre otros servicios, un paquete logístico, la formación de las tripulaciones y el personal de mantenimiento de la Base Naval de Jeddah, el suministro de equipos y sistemas de apoyo, así como el apoyo al ciclo de vida de los buques durante cinco años desde la entrega de la primera unidad, prorrogable otro quinquenio.

Pese a la tercera ola de la pandemia y al retraso en el plan de vacunación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado las previsiones de crecimiento de la economía española al 6,4% en 2021, medio punto más que el pronóstico que lanzó en enero de este año, cuando rebajo desde el 7,2% al 5,9% las expectativas de subida del PIB español. El organismo multilateral mantiene a la economía española como la más dinámica de la Unión Europea, cuyo crecimiento ha mejorado del 4,2% al 4,4%, con un incremento del PIB muy superior al de Alemania (3,6%), Francia (5,8%) o Italia (4,2%), según la actualización del informe de "Perspectivas Económicas Globales" correspondiente al mes de abril, que el Fondo ha hecho público este martes.

El secretario general de Industria de CCOO, Agustín Martín, ha advertido este martes en el Congreso de la avalancha de proyectos para instalar plantas de fabricación de baterías en España. "No hay una comunidad autónoma que no quiera una fábrica de baterías. Esto es totalmente inviable", ha señalado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso para informar sobre cómo afrontar la recuperación post Covid-19 y el aprovechamiento de los fondos europeos, el representante sindical ha dicho que “algo parecido” a las baterías ocurre con el hidrógeno, “que no deja de ser una apuesta”.

Terremoto en Credit Suisse. La entidad suiza se ha visto afectada por el colapso de un hedge fund (fondo de cobertura) estadounidense, Archegos Capital Management, que provocará un impacto negativo de 4.400 millones de francos suizos (3.973 millones de euros) en las cuentas del banco y la salida de dos altos directivos del grupo financiero. Esto provocará una pérdida de hasta 812 millones en el primer trimestre del año y ha provocado un cambio en la política de dividendos y de recompra de acciones de la entidad suiza.

El presidente de la patronal catalana Pimec, Antoni Cañete, ha propuesto este martes al Congreso que no permita a las grandes empresas acceder a los fondos europeos “si no están al corriente de pagos con sus proveedores pymes y autónomos de una forma real y transparente”, sin “trucos ni trampas” como el denominado confirming.

Se trata de una “propuesta de sentido común” que, según Cañete, podría inyectar liquidez a las pymes “sin riesgos para el país” y salvando “multitud de puestos de trabajo”, paliando la delicada situación en la que se encuentran multitud de pymes por la pandemia, que “podría llevarse por delante a una cuarta parte de nuestro tejido empresarial” por las restricciones impuestas desde hace más de un año.

El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo con la compañía energética EDP para ofrecer soluciones de autoconsumo fotovoltaico a sus clientes a través de la instalación de paneles solares. Este nuevo servicio, que permite obtener a los clientes ahorros de hasta el 70% en su consumo de electricidad según explica la compañía en un comunicado, se realiza a través del servicio de decoración de El Corte Inglés, Decor | Studio.  

La alianza se enmarca dentro en la estrecha relación que El Corte Inglés y EDP mantienen como socios estratégicos desde 2003.

H&M ha planteado su intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que afectará a 1.100 empleados, según informaron fuentes de la empresa a Europa Press. La multinacional sueca ha anunciado el cierre de 30 tiendas. Un total de 94 establecimientos se verán afectados por los despidos.

Además, H&M modificará sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores al reducir sus horas contratadas. Esta rebaja afectaría a 24 tiendas y 50 personas, según fuentes de Comisiones Obreras consultadas por elDiario.es. Para este sindicato, mayoritario en la empresa, tanto el número de personas afectadas como la cantidad de cierres es "absolutamente desproporcionado".

Un año después del mayor batazo del empleo de la historia, el mercado de trabajo sigue marcado por la crisis del coronavirus. Aún hay unos 432.500 trabajadores afiliados menos que a mediados de marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia. Con la desescalada de la llamada tercera ola del virus en España, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en marzo en 70.790 trabajadores de media, un dato reducido para esta época del año y que supone la cifra más baja desde el año 2013, en la pasada crisis financiera.

La patronal de la construcción es una de las dos organizaciones empresariales que participan en la entidad pública que debe pronunciarse sobre las prohibiciones de contratar con la Administración que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para empresas sancionadas por formar cárteles como ACS, Sacyr, OHL, Elecnor o Comsa.

Constituida en 1977, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) "es la organización empresarial cúpula del sector de la construcción en España, agrupando a la gran mayoría de las organizaciones empresariales de este sector", tal y como explica en su web.

Más de 5,8 millones de euros en salarios impagados a trabajadoras del hogar. Es lo que la Inspección de Trabajo ha aflorado hasta el momento en una campaña para vigilar las condiciones salariales de este colectivo, en su mayoría compuesto por mujeres y muy precarizado. En concreto, la iniciativa busca garantizar que las empleadas no cobran por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), el sueldo mínimo garantizado por ley. Hasta el 25 de marzo, en una fase todavía inicial de la campaña que se basa en regularizaciones "voluntarias", los salarios mensuales de los casos analizados se han incrementado en "5.800.570 euros" en total, explican a elDiario.es en el Ministerio de Trabajo.