La OCDE recomendó este miércoles a España que aplique subidas de impuestos para corregir desequilibrios cuando la recuperación económica sea firme tras la pandemia e incluyan mecanismos compensatorios para los más desfavorecidos. Además, el organismo ha señalado que "la principal prioridad política debe ser la eliminación de las diferencias normativas regionales que son obstáculos al crecimiento de las empresas, en particular mediante la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado".

En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esa mayor presión fiscal tendría que ir acompañada, además, de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto a los más vulnerables.

Bancos de todo el mundo, especialmente europeos, han ido sellando en los últimos tiempos compromisos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, limitar la financiación a las industrias más contaminantes y alinear sus carteras con políticas medioambientalmente responsables. Sin embargo, el punto de partida no es nada halagüeño. Únicamente el coronavirus ha logrado provocar un freno en la financiación a sectores como el petróleo, el carbón o el gas, cinco años después de la firma del citado protocolo climático en la capital francesa.

El Plan de Recuperación del Gobierno rescata la idea de introducir el pago por uso en las carreteras de alta capacidad. "Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras", indica el documento presentado este martes.

El plan no da más detalles sobre la medida ni precisa cuándo se implantaría. Se incluiría en la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió una consulta pública previa que se cerró en enero.

Los cambios en la jubilación anticipada voluntaria son el elemento más controvertido del primer paquete de la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno. La gran mayoría del Congreso recomendó al Ejecutivo acercar la edad efectiva a la que se jubilan los ciudadanos en España (64,6 años) a la edad legal ordinaria para hacerlo, de 66 y 65 años en 2021 según los años cotizados. La dificultad radica en cómo hacerlo. Junto a otras medidas, el ministro José Luis Escrivá ha propuesto reformar la jubilación anticipada de manera que se endurece en algunos supuestos, básicamente para las personas con pensiones más altas y las jubilaciones más tempranas, pero también se facilita en otros muchos.

"Le anticipo que estamos en trámite de ratificación del Convenio 189 de la OIT". Con estas palabras, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes el inicio del proceso de ratificación de España de este importante convenio internacional que equipara los derechos de las trabajadoras del hogar a los del conjunto de trabajadores. Su cumplimiento supone acabar con la exclusión de estas empleadas del desempleo, una reclamación histórica de los movimientos de trabajadoras, que se movilizaron justo hace unos días por este motivo.

BBVA empezará a negociar este viernes con los sindicatos un ERE para la compañía que podría rondar los 3.000 despidos, según apuntan distintas informaciones aunque la entidad todavía no avanza cifras del ajuste. El recorte de plantilla afecta a las oficinas centrales y a la red de sucursales, sobre una base de unos 23.000 trabajadores.

El proceso que abre ahora el banco que preside Carlos Torres coincide con la semana en la que ha comenzado la negociación de CaixaBank con los sindicatos, por lo que se apunta al segundo gran recorte de plantilla de este año en la banca española.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes distribuir casi 2.111 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo, que tienen como objetivo facilitar la inserción laboral desde la Administración pública, forman una de las materias que el Ministerio de Trabajo pretende reformar en breve para reducir el desempleo en España, que ya era muy elevado, pero que ha escalado debido a la crisis por la pandemia.

El importe concreto aprobado este martes por el Ejecutivo es de de 2.110.827.030 euros con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se distribuirán territorialmente entre las comunidades autónomas con competencias en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan MOVES III, que dará ayudas de hasta 7.000 euros a la compra de vehículos eléctricos, según ha informado el presidente Pedro Sánchez en rueda de prensa. El plan tiene un presupuesto de 400 millones de euros (ampliables hasta 800) procedentes de los fondos europeos Next Generation y dura hasta diciembre de 2023.

La Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada es, junto a la rehabilitación de viviendas, uno de los pilares más importantes del Plan de Recuperación y el Gobierno les destinará más de 13.200 millones de estos fondos en los próximos tres años.

"El mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los próximos años" o la "gran reconversión de los vectores de la economía durante los próximos años". Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este martes la hoja de ruta, las reformas y parte de las inversiones del Plan de Recuperación que España debe enviar a Bruselas antes del próximo día 30 de abril.

Pedro Sánchez ha señalado que el Plan diseñará "el mapa económico" que marcará el camino del desarrollo del país hasta 2026, pero que tendrá repercusión más allá.

El Estado dará ayudas a propietarios que rehabiliten edificios de viviendas, según ha avanzado el diario El País y ha confirmado este medio. Las ayudas cubrirán entre el 40% y el 100% del coste de la obra. Además, el Gobierno prevé recuperar las deducciones en el IRPF por rehabilitación, desaparecidas a nivel estatal en 2013 junto a la deducción por adquisición de vivienda habitual.

Las medidas son parte del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, el área más importante del Plan de Recuperación y en el que se invertirán 6.820 millones en los próximos tres años.