La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) ha emitido este jueves una opinión en materia de transparencia fiscal y presupuestaria de las administraciones públicas en España en la que solicita mejoras en materia de presentación de las cuentas y de estudio de los eventuales riesgos a los que se exponen las cuentas públicas para cumplir con las buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional. Además, ha analizado el cumplimiento de estos puntos por parte de las Comunidades Autónomas, quedando Asturias y Castilla-La Mancha como las que peor nota obtuvieron.

Se esperaba que la decisión de los jueces del Tribunal Constitucional alemán sobre la conocida como “Ley de tope al alquiler de Berlín” llegara este verano. Pero, como indicaba en titulares esta semana el diario berlinés de Die Tageszeitung: “Los jueces tienen prisa”. Resultado de esa prisa es que los magistrados del tribunal con sede en Karlsruhe decidieran este jueves declarar nula la medida berlinesa.

Los jueces han declarado la norma berlinesa, aplicada desde finales de febrero de 2020, “incompatible con la Ley Fundamental” y, en consecuencia, “nula”, según se lee en el comunicado emitido este jueves por el Tribunal Constitucional.

Una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano de fiscalización del Ministerio de Hacienda, revela el descontrol de adjudicaciones en Correos, la mayor empresa pública de España, durante la etapa de Mariano Rajoy y, en concreto, en el ejercicio 2016.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento y Operativa de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, al que ha tenido acceso elDiario.es, detecta "incumplimientos graves" de la normativa de contratación en una muestra de 36 contratos adjudicados por Correos en 2016.

El ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero ha señalado este miércoles ante el juez que investiga la contratación por parte del BBVA del comisario José Manuel Villarejo que cuando la constructora decidió en febrero 2005 abortar el intento de entrar en el Consejo de Administración de BBVA, que presidía Francisco González --investigado en esta causa--, lo hicieron tras sentirse atacados en los medios y por miedo después de que ardiera la Torre Windsor el 12 de febrero de 2005.

Fin al artículo 315.3 del Código Penal, que penaliza con penas de cárcel los piquetes en las huelgas y por el que han sido procesadas unas 300 personas en los últimos años en España, según calculan los sindicatos. La derogación de este delito específico de coacciones en las huelgas, que ha avalado la mayoría del Senado esta mañana, es una reivindicación sindical que se intensificó en la última década con la campaña 'la huelga no es delito', cuando la fiscalía –durante el mandato de Mariano Rajoy– comenzó a utilizar este precepto legal para pedir elevadas penas de prisión en las movilizaciones de trabajadores durante la pasada crisis económica.

Televisa y Univisión han alcanzado un acuerdo para fusionar sus activos de medios, contenidos y producción y crear la mayor empresa global de medios en habla hispana, según informaron sendos grupos en un comunicado conjunto.

El acuerdo para la fusión establece que Univisión abonará a la mexicana Televisa 4.800 millones de dólares (algo más de 4.000 millones de euros) en la operación, de los cuales 3.000 millones de dólares (2.508 millones de euros) se desembolsarán en efectivo y la cantidad restante en acciones y otras contraprestaciones comerciales.

Uno de los riesgos de la actual crisis sanitaria, social y económica, en la medida en que se prolonga, es el aumento de la deuda privada y su traslación en préstamos de dudoso cobro. De momento, según el Banco Central Europeo, hay más advertencias que alertas; más riesgos que realidades. Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, ha llamado la atención en diversas ocasiones sobre la debilidad del sector bancario europeo. "Los préstamos dudosos en los bancos de la zona del euro podrían alcanzar los 1,4 billones de euros, muy por encima de los niveles de la crisis financiera y de la deuda soberana", ha dicho Enria en alguna ocasión: "Doce años después de la quiebra de Lehman Brothers y nueve años después de la primera participación del sector privado durante la crisis de la deuda soberana griega, la calidad de los activos en los bancos de la zona del euro aún no ha alcanzado los niveles previos a la crisis.

La OCDE recomendó este miércoles a España que aplique subidas de impuestos para corregir desequilibrios cuando la recuperación económica sea firme tras la pandemia e incluyan mecanismos compensatorios para los más desfavorecidos. Además, el organismo ha señalado que "la principal prioridad política debe ser la eliminación de las diferencias normativas regionales que son obstáculos al crecimiento de las empresas, en particular mediante la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado".

En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esa mayor presión fiscal tendría que ir acompañada, además, de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto a los más vulnerables.

Bancos de todo el mundo, especialmente europeos, han ido sellando en los últimos tiempos compromisos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, limitar la financiación a las industrias más contaminantes y alinear sus carteras con políticas medioambientalmente responsables. Sin embargo, el punto de partida no es nada halagüeño. Únicamente el coronavirus ha logrado provocar un freno en la financiación a sectores como el petróleo, el carbón o el gas, cinco años después de la firma del citado protocolo climático en la capital francesa.

El Plan de Recuperación del Gobierno rescata la idea de introducir el pago por uso en las carreteras de alta capacidad. "Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras", indica el documento presentado este martes.

El plan no da más detalles sobre la medida ni precisa cuándo se implantaría. Se incluiría en la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió una consulta pública previa que se cerró en enero.