La pandemia del coronavirus y su parón económico, unidos a las crisis humanitarias ya existentes, han creado una "tormenta perfecta" que amenaza con desencadenar "hambrunas de proporciones bíblicas", según el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley.

En una entrevista con Efe, Beasley -que acaba de recuperarse del virus- asegura que la enfermedad ha llegado en un momento "ya muy frágil" para el sistema humanitario y que sus efectos van a "causar estragos" alrededor del mundo.

Según cuenta, durante los últimos meses ya había ido alertando a los líderes internacionales de que 2020 iba a ser "la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial" como consecuencia de las guerras en países como Sudán del Sur, Yemen o Siria, los problemas en la región del Sahel, la plaga de langostas en África oriental y los efectos del cambio climático.

Venezuela, con menos de 300 infectados y 10 fallecidos, apenas ha tenido que contener el aliento ante el paso de la COVID-19. Pero los cuatro jinetes de su crisis -inflación, devaluación, bajos salarios y precio del petróleo- han arreciado su galope y ni la cuarentena podrá salvar a los ciudadanos de una embestida.

Encerrados en sus casas desde mediados de marzo pasado, los venezolanos han visto cómo su moneda, el bolívar, ha perdido incluso más del poco poder de compra que tenía mientras los precios suben, los salarios tocan suelo y, lo más alarmante, el precio del omnipresente petróleo es succionado por una tendencia negativa.

El déficit público de España creció tres décimas durante 2019 hasta situarse en el 2,8 % del PIB, el tercer mayor porcentaje de toda la Unión Europea (UE) y superior al anunciado en marzo por el Gobierno español, según los datos publicados este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En efecto, el Ministerio de Hacienda aseguró el pasado 31 de marzo que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se ubicó en 2019 en 32.882 millones de euros, un 2,64 % del PIB y lejos del objetivo del 2 %, tras experimentar el primer incremento desde 2012.

Estados Unidos donará 2,4 millones de dólares a Guatemala para "mitigar" la expansión en su territorio del COVID-19, que ya ha contagiado a 294 personas, incluidos siete fallecidos por la enfermedad, informó este martes una fuente oficial.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala precisó en un comunicado de prensa que los 2,4 millones de dólares han sido designados para apoyar a la nación centroamericana y al Gobierno local en "estrecha colaboración" con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

De acuerdo a la representación consular norteamericana, los fondos donados serán utilizados para "fortalecer la atención clínica", además de la "prevención y control de infecciones en centros de asistencia médica".

El Gobierno colombiano exigió este martes a los grupos armados ilegales que dejen de utilizar minas antipersona porque los principales afectados son los civiles, petición secundada por los exguerrilleros "Francisco Galán" y "Felipe Torres" que ahora son gestores de paz.

Colombia es, después de Afganistán, el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo y según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al menos 118 personas fueron víctimas de estas cargas en el primer trimestre del año, un 45,6 % más que en el mismo periodo de 2019.

"Exigimos a los grupos armados que no sigan instalando minas antipersonal.

Todos los países del mundo afectados por el coronavirus tratan de diseñar su plan de vuelta a la nueva normalidad. Una de las preguntas recurrentes es: ¿va a volver toda la población a la calle a la vez? En algunos lugares han probado incluso por hacer una división entre hombres y mujeres para intentar evitar aglomeraciones en la calle.

Panamá impuso la cuarentena obligatoria el pasado 25 de marzo "de manera indefinida" cuando se habían registrado en el país 443 positivos por coronavirus y seis fallecidos. Fue el propio presidente quien lo anunció a través de un mensaje en sus redes sociales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas del conflicto armado colombiano al senador de izquierdas Iván Cepeda y a su hermana María, en el caso abierto por el genocidio contra el partido Unión Patriótica (UP), informó este martes el alto tribunal.

La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento de la JEP por el asesinato hace 25 años del padre de los Cepeda, el senador Manuel Cepeda Vargas, en la época uno de los líderes de la UP.

"Es una decisión trascendental. Llevamos más de 25 años trabajando para que haya justicia plena en el caso del asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda, y confiamos plenamente en que la JEP puede ser la instancia de verdad y de justicia para este caso", dijo Cepeda a Efe.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) urgió este martes a los países de América a hacer gratis las pruebas para el COVID-19, al mismo tiempo que avisó de que levantar de golpe las medidas de confinamiento traerá una nueva "ola" de contagios.

En una rueda de prensa virtual, la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, pidió a los Gobiernos de la región y a las empresas del sector sanitario que hagan todo lo posible para ampliar el acceso a la población de los test para detectar el coronavirus.

"Los test deberían ser gratuitos para los pacientes. Los precios altos crean una barrera entre el paciente y el tratamiento que él o ella necesita de manera desesperada.

A medida que se extendía el cierre de colegios como medida contra la propagación del coronavirus por el mundo, una pregunta quedaba en el aire y los temores afloraban: ¿qué iba a pasar con aquellos estudiantes, sobre todo los más golpeados por la pobreza, que no cuentan con tecnología ni con una buena conexión para continuar con sus clases a distancia?

Cifras divulgadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) este martes dan cuenta de la magnitud de este obstáculo a escala global. En un momento en que la educación a distancia se ha convertido en la principal alternativa a las clases presenciales para tratar de garantizar la continuidad de la enseñanza en la inmensa mayoría de los países, unos 826 millones de estudiantes no tienen acceso a un ordenador en sus hogares en todo el mundo.

La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución impulsada por México para tratar de impedir la especulación con insumos médicos necesarios para responder a la pandemia del coronavirus y evitar su acaparamiento.

El texto, al que se sumaron como copatrocinadores un total de 179 países, quedó formalmente aprobado en la noche del lunes al no haber oposición, según informó la Asamblea General, que está sacando adelante sus decisiones a través de procedimientos escritos ante la imposibilidad de reunirse para votar como consecuencia de la COVID-19.

La iniciativa mexicana, coordinada por el canciller Marcelo Ebrard, pide a todos los Estados que tomen medidas para evitar la especulación y el acaparamiento indebido de productos como medicamentos, vacunas o equipos de protección con el fin de que todos los países tengan acceso a ellos.