La población italiana ya sabía desde hace días que este 3 de abril, la fecha que en un principio se había marcado en el calendario, no iba a poder salir a la calle, ir a trabajar o moverse con normalidad. Pero la prórroga no se hizo oficial hasta este miércoles, cuando el Gobierno prolongó en un decreto todas las restricciones adoptadas para contener la epidemia de coronavirus, incluidos el confinamiento impuesto a todos los ciudadanos el 10 de marzo y el cierre de las actividades económicas no esenciales. La gente tendrá que quedarse en casa, como mínimo, hasta el 13 de abril.

A estas alturas, no puede sorprender que Donald Trump se tome a broma un asunto serio relacionado con la crisis del coronavirus. En la rueda de prensa del miércoles, preguntaron al doctor Anthony Fauci si habían tenido que ponerle protección policial por las amenazas recibidas. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas no quiso entrar en detalle. Trump intervino para meter el chiste: "No necesita protección. Todos le quieren". 

No todos. Los grupos y webs de la derecha ultraconservadora han puesto en las últimas semanas a Fauci en el punto de mira al considerarlo una amenaza para Trump.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Argentina por violaciones a los derechos de 132 comunidades indígenas dentro de la provincia de Salta y le ordenó entregarles títulos de propiedad de sus tierras ancestrales en un plazo de 6 años.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, publicó este jueves la sentencia en la que señala al Estado argentino como responsable de la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medioambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y.

La pandemia del coronavirus no solo ha dado un vuelco a la política interior de los países, sino que está generando un conflicto entre los estados afectados por hacerse con los recursos sanitarios disponibles.

Impera la ley del más fuerte para lograr el aprovisionamiento de mascarillas y demás productos sanitarios necesarios para hacer frente a la creciente epidemia de COVID-19. Y para ello, se recurre a compras a proveedores sin homologación, la confiscación de material destinado a otros países e incluso subastas a pie de pista.

Este miércoles, el presidente de la región Gran Este, Jean Rottner, denunciaba que Estados Unidos está comprando, en la propia pista de aterrizaje de los aeropuertos chinos, las mascarillas adquiridas por el Gobierno francés.

Las autoridades italianas han informado este jueves de que se han producido 760 nuevas muertes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que se traduce en un total de 115.242 contagiados y 13.915 fallecidos. La cifra de defunciones es ligeramente mayor que la de ayer, que fue la más baja en una semana con 727, pero no llega a la presentada en días anteriores donde solía sobrepasar los 800.

Lombardía sigue siendo la región más afectada por el coronavirus en Italia. Según el último balance allí se han registrado 1.292 nuevos casos y 367 muertes con coronavirus (ayer fueron 394). Le sigue la región de Emilia-Romaña con 546 infectados que se añaden a un total de 15.333.

Trece formaciones de toda Europa pertenecientes al Partido Popular Europeo (PPE) han solicitado a su presidente, Donald Tusk, expulsar a Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al considerar poco democráticas las medidas que ha tomado frente a la pandemia de coronavirus.

"Queremos expresa nuestra profunda preocupación por los acontecimientos políticos en Hungría, en particular por la ley aprobada en el Parlamento húngaro el 30 de marzo que permite al Gobierno húngaro extender indefinidamente el estado de emergencia del país y, al primer ministro, gobernar por decreto", señalan estos partidos en una carta dirigida a Tusk.

Las formaciones, de Bélgica, Dinamarca, Lituania, Noruega, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Eslovaquia, la República Checa y Holanda, consideraron que se trata de "una clara violación de la democracia liberal y los valores europeos".

La Comisión Europea (CE) propuso este jueves crear un fondo europeo dotado con 100.000 millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por el COVID-19, como España e Italia, para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos por la pandemia.

La iniciativa, bautizada como "SURE", tendrá que ser aprobada por los países de la Unión Europea (UE), que la debatirán en la reunión del Eurogrupo del próximo 7 de abril, donde se espera que adopten más medidas ante una crisis que ha obligado a paralizar gran parte de la actividad económica y amenaza con disparar los niveles de paro, como revelan ya los indicadores de marzo.

El 20,3 % de la población de la Unión Europea (UE) tiene 65 años o más, según datos de 2019 publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, un dato por encima de la media en España, que es del 19,3 por ciento.

El porcentaje de personas mayores en la UE aumentó un 0,3 % el año pasado respecto a 2018, y 2,9 puntos porcentuales en comparación con la década anterior, indicó Eurostat en un comunicado.

En 2019, los Estados miembros de la UE con mayor proporción de personas mayores fueron Italia (22,8 %), Grecia (22 %), Portugal y Finlandia (21,8 %), Alemania (21,5 %) y Bulgaria (21,3 %), mientras que los porcentajes más bajos se registraron en Irlanda (14,1 %) y Luxemburgo (14,4 %).

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo este jueves que le "preocupa" que algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) puedan excederse en sus medidas durante el estado de emergencia y subrayó que le inquieta "en particular la situación de Hungría".

"Me preocupa que algunas medidas van muy lejos, y me preocupa en particular la situación en Hungría. Tomaremos las acciones que sean necesarias, como ya hemos hecho en el pasado", dijo Von der Leyen en una breve rueda de prensa telemática dedicada a la respuesta de la Comisión Europea contra el coronavirus.

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario ya aseguró el pasado martes: "es de la máxima importancia que estas medidas de emergencia no sean a costa de nuestros principios fundamentales y valores de nuestros tratados", pero no mencionó directamente a Hungría.

El Gobierno húngaro no se ha dado este jueves por aludido por el contenido de la carta en la que trece países de la Unión Europea (UE) piden que las medidas de emergencia contra el coronavirus se limiten a lo estrictamente necesario.

Pese a que la misiva no citaba explícitamente a Hungría, su publicación se produjo justo después de que el Parlamento de este país controlado por la mayoría absoluta del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aprobase poderes extraordinarias que le permiten gobernar por decreto por tiempo indefinido.

Los trece países comunitarios aseguran en la carta difundida ayer que las medidas de emergencia deben "limitarse a lo estríctamente necesario", ser "proporcionadas y temporales" y respetar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales.