El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, propuso este viernes a su rival Abdullah Albdullah, quien no reconoce su mandato y anunció un gobierno paralelo, liderar las negociaciones de paz con los talibanes para alcanzar el fin de dos décadas de guerra.

“Compartan con el señor Abdullah el tema que estoy sugiriendo. Es el liderazgo del proceso de paz. Se debe establecer un alto consejo de paz y ( Abdullah) debe encabezar el alto consejo de paz", dijo el presidente afgano en una declaración citada por el canal de televisión afgano TOLO News.

Ghani ha dicho que su propuesta daría a Abdullah, el segundo más votado en las pasadas elecciones presidenciales, una posición equivalente a la de un vicepresidente.

Algo más de un centenar de ONG, entre ellas Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, advirtieron este jueves sobre la necesidad de que las tecnologías de vigilancia digital que algunos Gobiernos están usando para frenar el coronavirus respeten los derechos humanos.

Según estos grupos, se estima que 24 países están utilizando servicios de localización de móviles frente a la enfermedad y 14 sirviéndose de aplicaciones para trazar contactos entre personas o vigilar cuarentenas.

HRW denuncia que Gobiernos como los de China y Rusia están expandiendo sus capacidades de vigilancia y restringiendo derechos con motivo del coronavirus sin un base médica que justifique las acciones.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (Florencia, 1956), atiende a eldiario.es por Skype desde la sede de Bruselas. Una Eurocámara que se mantiene abierta para aprobar las medidas que van tomando las instituciones europeas para aplacar una crisis del coronavirus que está empujando las economías a una caída libre de consecuencias desconocidas para las personas. Mientras, los contagios y los fallecidos no dejan de crecer en todo el continente, golpeando especialmente, de momento, a Italia y España.

Sassoli (PD/S&D) defiende una respuesta europea a una crisis colectiva: "El egoísmo nacional no ayuda al propio país a protegerse de las dificultades y dinámicas globales que, si entran en tu casa, te hacen mucho daño.

La población italiana ya sabía desde hace días que este 3 de abril, la fecha que en un principio se había marcado en el calendario, no iba a poder salir a la calle, ir a trabajar o moverse con normalidad. Pero la prórroga no se hizo oficial hasta este miércoles, cuando el Gobierno prolongó en un decreto todas las restricciones adoptadas para contener la epidemia de coronavirus, incluidos el confinamiento impuesto a todos los ciudadanos el 10 de marzo y el cierre de las actividades económicas no esenciales. La gente tendrá que quedarse en casa, como mínimo, hasta el 13 de abril.

A estas alturas, no puede sorprender que Donald Trump se tome a broma un asunto serio relacionado con la crisis del coronavirus. En la rueda de prensa del miércoles, preguntaron al doctor Anthony Fauci si habían tenido que ponerle protección policial por las amenazas recibidas. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas no quiso entrar en detalle. Trump intervino para meter el chiste: "No necesita protección. Todos le quieren". 

No todos. Los grupos y webs de la derecha ultraconservadora han puesto en las últimas semanas a Fauci en el punto de mira al considerarlo una amenaza para Trump.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Argentina por violaciones a los derechos de 132 comunidades indígenas dentro de la provincia de Salta y le ordenó entregarles títulos de propiedad de sus tierras ancestrales en un plazo de 6 años.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, publicó este jueves la sentencia en la que señala al Estado argentino como responsable de la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medioambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y.

La pandemia del coronavirus no solo ha dado un vuelco a la política interior de los países, sino que está generando un conflicto entre los estados afectados por hacerse con los recursos sanitarios disponibles.

Impera la ley del más fuerte para lograr el aprovisionamiento de mascarillas y demás productos sanitarios necesarios para hacer frente a la creciente epidemia de COVID-19. Y para ello, se recurre a compras a proveedores sin homologación, la confiscación de material destinado a otros países e incluso subastas a pie de pista.

Este miércoles, el presidente de la región Gran Este, Jean Rottner, denunciaba que Estados Unidos está comprando, en la propia pista de aterrizaje de los aeropuertos chinos, las mascarillas adquiridas por el Gobierno francés.

Las autoridades italianas han informado este jueves de que se han producido 760 nuevas muertes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que se traduce en un total de 115.242 contagiados y 13.915 fallecidos. La cifra de defunciones es ligeramente mayor que la de ayer, que fue la más baja en una semana con 727, pero no llega a la presentada en días anteriores donde solía sobrepasar los 800.

Lombardía sigue siendo la región más afectada por el coronavirus en Italia. Según el último balance allí se han registrado 1.292 nuevos casos y 367 muertes con coronavirus (ayer fueron 394). Le sigue la región de Emilia-Romaña con 546 infectados que se añaden a un total de 15.333.

Trece formaciones de toda Europa pertenecientes al Partido Popular Europeo (PPE) han solicitado a su presidente, Donald Tusk, expulsar a Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al considerar poco democráticas las medidas que ha tomado frente a la pandemia de coronavirus.

"Queremos expresa nuestra profunda preocupación por los acontecimientos políticos en Hungría, en particular por la ley aprobada en el Parlamento húngaro el 30 de marzo que permite al Gobierno húngaro extender indefinidamente el estado de emergencia del país y, al primer ministro, gobernar por decreto", señalan estos partidos en una carta dirigida a Tusk.

Las formaciones, de Bélgica, Dinamarca, Lituania, Noruega, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Eslovaquia, la República Checa y Holanda, consideraron que se trata de "una clara violación de la democracia liberal y los valores europeos".

La Comisión Europea (CE) propuso este jueves crear un fondo europeo dotado con 100.000 millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por el COVID-19, como España e Italia, para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos por la pandemia.

La iniciativa, bautizada como "SURE", tendrá que ser aprobada por los países de la Unión Europea (UE), que la debatirán en la reunión del Eurogrupo del próximo 7 de abril, donde se espera que adopten más medidas ante una crisis que ha obligado a paralizar gran parte de la actividad económica y amenaza con disparar los niveles de paro, como revelan ya los indicadores de marzo.