Si hasta ahora en Italia el coronavirus se ha ensañado especialmente con las regiones del norte, su impacto en el sur, más pobre y con más desempleo, puede ser más grave ante el riesgo de que las mafias extiendan su poder allí donde las instituciones públicas no alcanzan a dar una respuesta a la crisis.

"Si no llega el Estado llega el crimen, que se disfraza de benefactor y te hace comer, y después te pide la cuenta", explica en declaraciones a EFE el alcalde de Nápoles Luigi de Magistris, que advierte del peligro real de que "el virus desencadene un contagio criminal".

La nueva normativa comunitaria que regula el diseño y distribución de las baterías externas para así hacerlas "más eficientes" y lograr una "reducción de emisiones contaminantes" entra en vigor este miércoles, ha anunciado la Comisión Europea (CE).

La nueva regulación, según detalla el Ejecutivo comunitario en un comunicado, está enfocada a un "amplio rango" de baterías de uso doméstico, tales como la de los ordenadores portátiles o los cepillos de dientes eléctricos, y aspira a conseguir una reducción de 4 teravatios/hora (Twh) al año en el consumo eléctrico comunitario.

"Como resultado, los consumidores europeos podrán ahorrar en sus facturas domésticas, ayudando a la Unión Europea (UE) en sus políticas de reducción de emisiones", afirma la CE.

El último paquete de medidas del Gobierno ha allanado el acceso a la moratoria hipotecaria, que desde este miércoles se simplifica y se extiende a autónomos y personas físicas que tengan alquilada una vivienda por la que no estén recibiendo rentas como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Mientras que la ampliación de la moratoria a los locales y oficinas de autónomos afectados por el impacto de la pandemia era uno de los grandes reclamos, mayor sorpresa ha generado que, a partir de ahora, también puedan acogerse aquellos propietarios que no perciban el alquiler "en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma".

Controles militares, medidas de excepción, estados de alarma, confinamientos y toques de queda. Las órdenes se propagan en un mundo asediado por la COVID-19, situación que algunos gobiernos están aprovechando para acumular poder y socavar derechos.

En Filipinas, Tailandia, Camboya, Israel o Hungría sus líderes han sucumbido a tentaciones autoritarias y han impuesto restricciones que violan derechos fundamentales con el pretexto de la emergencia sanitaria.

"Los gobiernos de mentalidad autocrática ven rápidamente en una crisis como ésta una oportunidad para requerir poderes draconianos y mantener el control", apunta el subdirector de Human Rights Watch (HRW) para Asia, Phil Robertson. "Para algunos, responder a la crisis se traduce en restringir la libertad de expresión, obstruir medios independientes y castigar a activistas".

La tasa de desempleo en la eurozona se redujo una décima, hasta el 7,3 % en febrero, el último mes antes de que los Gobiernos europeos impusiesen restricciones por la pandemia de coronavirus que han reducido drásticamente la actividad económica y que se espera tengan un notable impacto negativo en el empleo.

El dato, publicado este miércoles por la oficina de Estadística comunitaria, Eurostat, es el último indicador sobre el paro previo a la crisis sanitaria y económica que empezó irrumpir con fuerza en marzo en la Unión Europea (UE), cuya tasa de paro en febrero se situó en el 6,5 %, estable respecto a enero.

El Gobierno ha sacado a consulta pública la reforma de la "Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria", una normativa que ya experimentó cambios recientemente para afrontar la crisis del campo y que afronta ahora una reforma "de calado".

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha explicado este miércoles que también se va a adaptar la legislación vigente para transponer la Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Desde el departamento liderado por Luis Planas han recordado que la modificación de la Ley de la Cadena se produce en dos fases: la primera fue a través de un decreto ley del pasado 25 de febrero, cuando se modificaron de forma urgente "aquellos aspectos que no podían esperar a la tramitación de una reforma legislativa ordinaria".

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos registraron en marzo una caída histórica del 69,3 % respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 37.644 unidades, la segunda cifra más baja desde que se tienen registros (año 2000) y por detrás de la de septiembre de 2012 (35.148).

Lastradas por la crisis del coronavirus, que ha obligado al cierre de la práctica totalidad del comercio, la comercialización de turismos a particulares bajó el 67,5 % (16.871 matriculaciones), a empresas el 66,9 % (12.613) y a alquiladores el 74,9 % (8.160), según datos de las asociaciones Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá autorizar a las gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) el establecimiento de periodos de preaviso para los reembolsos de fondos de inversión.

Y ello, "sin sujeción a los requisitos de plazo, importe mínimo y constancia previa en el reglamento de gestión aplicables con carácter ordinario", según recoge el real decreto ley con las nuevas medidas económicas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma explica que dichos periodos de preaviso podrán también ser establecidos por la CNMV "que determinará los reembolsos a los que resulte de aplicación la medida".

El mundo después del coronavirus será "distinto", "mucho más digital" y con riesgos, según el secretario general de la ONU, António Guterres, quien en una entrevista con EFE pide reglas para que los mecanismos de control social desarrollados con el fin de combatir la enfermedad no terminen siendo usados por dictaduras.

En una conversación a distancia, como obligan los tiempos, Guterres lo deja claro: el COVID-19 marcará un antes y un después, con un futuro que ya empieza a dibujarse ahora mismo.

"Algo claro es que asistimos a una digitalización masiva de las relaciones humanas con la crisis y eso tendrá un impacto inevitable", explica en español.

La moratoria de cotizaciones a la Seguridad Social que ha aprobado el Gobierno para pymes y autónomos durante seis meses será aplicada sólo para las empresas que no hayan suspendido su actividad con ocasión del estado de alarma.

El BOE publica este viernes el real decreto-ley con más de 50 medidas de ayudas para empleadas del hogar, trabajadores temporales sin prestaciones, moratoria de alquileres o para autónomos y pymes.

En este último sentido especifica la moratoria de seis meses sin intereses y recargos en las cuotas a la Seguridad Social para autónomos y empresas y distingue entre el caso de las pymes, que afectará a los meses de abril, mayo y junio, y de los trabajadores por cuenta propia, que será para los meses de mayo, junio y julio.