La nueva ley griega sobre el asilo político introduce cambios que pretenden acelerar el examen de las demandas de protección internacional e incrementar las devoluciones a Turquía y a sus países de origen.
Desde la firma de la declaración conjunta Unión Europea-Turquía en 2016 hasta ahora se han realizado cerca de 2.000 devoluciones. El Gobierno liderado por Kyriakos Mitsotakis ha prometido deportar a 10.000 personas hasta finales de 2020.
La mayoría de los cambios introducidos con la nueva ley han generado duras críticas entre organizaciones humanitarias y sociales, que consideran que conllevarán pérdidas de garantías y derechos para los demandantes de asilo, refugiados y migrantes en Grecia.
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