Un mercado tensionado, donde gran parte de la población no puede pagar los precios que se exigen, hay un alto número de casas vacías y un volumen de inmuebles convertidos en apartamentos turísticos. El problema de la vivienda se repite en distintos puntos del planeta, especialmente en grandes ciudades, con las mismas características. Sin embargo, también hay soluciones que se van replicando en diferentes países. Una de ellas, poner trabas o, incluso, prohibir, la compra de casas por inversores extranjeros que, sobre todo, buscan la rentabilidad como si se tratase de activos financieros.

A la UE le toca apretarse el cinturón tras casi cuatro años de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por la pandemia y la guerra; pero en 2024 volverá el corsé fiscal con el que los 27 tienen que encaminarse a unos máximos del 60% de deuda y el 3% del déficit respecto al PIB. Eso sí, con unas nuevas normas. La intención de los co-legisladores es que sean más fáciles de cumplir y, al mismo tiempo, más sencillos de sancionar los incumplimientos, que con las antiguas reglas fiscales las sanciones eran tan extremas que nunca se impusieron.

La sección sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) ha rechazado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por Bridgestone para todas las plantillas de sus centros de trabajo en España porque se ha llevado a cabo "sin justificación acreditada e impuesto sin negociación real".

Al respecto, el sindicato ha señalado en nota de prensa que "no queda acreditado si la medida que se plantea es adecuada, justa y proporcionada".

En este sentido, Luis Ruiz Eguren, secretario general de UGT-FICA en la fábrica de Puente San Miguel, donde es presidente del comité de empresa, ha señalado que el informe de su gabinete técnico "desmiente claramente el argumento de la empresa para aplicar la regulación de empleo por causas productivas y el impacto de aspectos macroeconómicos en su actividad".

El Banco de España ha multado con 880.000 euros a Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), así como a sus consejeros por una infracción "muy grave", según informa a través de su página web.

La infracción consistió en presentar "deficiencias" en su estructura organizativa y en sus mecanismos de control interno, además de no gestionar "adecuadamente" el riesgo de crédito al que la entidad estaba expuesta, lo que "puso en peligro" la solvencia de la entidad.

A UCI, 'joint venture' hipotecaria de Banco Santander y BNP Paribas, le ha impuesto una sanción de 700.000 euros; al exconsejero delegado, Roberto Colomer, de 55.000 euros; al presidente y consejero, Matías Rodríguez Inciarte, de 30.000 euros; a los consejeros Remedios Ruiz y Michel Falvert, de 35.000 euros; y al consejero Benoît Patrice Stéphane, de 25.000 euros.

El Ministerio de Hacienda ha constatado que es difícil alcanzar un acuerdo para la reforma de la financiación autonómica. Así lo ha evidenciado este lunes la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la primera reunión de la legislatura del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una de las conclusiones que ha expuesto al acabar este encuentro con el resto de consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. "Tenemos que salir de una posición de máximos", ha asegurado Montero.

La vicepresidenta cuarta ha recordado que el CPFF no es quien tiene que aprobar el nuevo sistema de reforma de la financiación.

El Ministerio de Trabajo ha planteado una cifra de subida de salario mínimo a los sindicatos y empresarios. El departamento que lidera Yolanda Díaz ha planteado un alza del 4%, para situar el SMI en 1.123,2 euros al mes en catorce pagas en 2024, desde los actuales 1.080 euros. La reunión de diálogo social de este lunes ha concluido sin acuerdo y con tareas pendientes. Sobre todo, que Trabajo negocie dentro del Gobierno una de condiciones de los empresarios, que ha sido apoyada por los sindicatos: vincular los contratos públicos al incremento del SMI.

"Promover el liderazgo político para una buena gestión de gobierno, fomentar la cultura de la libertad y promover la gestión estratégica de los negocios en entornos cada vez más complejos". Es la carta de presentación del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), centro de formación que creó José María Aznar en 2014, con su esposa, la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, como "directora" y consejera desde este año.

El centro, montado por el expresidente y por el fundador de la Universidad Europea de Madrid, Julio Fidalgo, lleva casi una década aspirando a formar a líderes, pero con cifras de actividad muy discretas.

El Partido Popular no obtuvo el Gobierno tras las elecciones del 23J pese a que la mayoría de encuestas así lo apuntaban. Sin embargo, sí alcanzó un pequeño pero simbólico premio: la mayoría absoluta en el Senado. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo sabe que con este poder institucional puede trabar la acción del Gobierno o, incluso, imponer determinados debates. En este sentido, la política fiscal apunta a ser durante la legislatura uno de los campos en los que el PP pretende usar el Senado para obligar al Ejecutivo a afrontar el debate de determinadas propuestas.

Dos gigantes del comercio online de origen chino están cambiando la estrategia de las multinacionales del gran consumo y aprovechando la pérdida de poder adquisitivo que ha conllevado la inflación. Shein y Temu tienen focos de negocio diferentes, la primera se centra más en ropa y complementos y la segunda en artículos de decoración o de cocina, pero su eje de negocio es similar, precios ultrabajos difíciles de conseguir en cadenas y tiendas tradicionales. Es algo similar a lo que ocurre con los comercios físicos, donde están creciendo establecimientos low cost como Tedi, PrimaPrix o Pepco, que aprovechan la necesidad de encontrar productos baratos.

En pleno choque de Economía y Trabajo sobre la reforma de los subsidios por desempleo, han entrado en acción los estudios científicos al respecto. El Ministerio de Nadia Calviño está planteando limitar el derecho a los subsidios, lo que asegura que creará miles de empleos, unos "recortes" de derechos que rechazan frontalmente desde el equipo de Yolanda Díaz. En Economía insisten en que su propuesta es la respaldada por "la evidencia empírica" y, aunque hay estudios que apuntan a una mayor incorporación al mercado de trabajo, limitar la protección social tiene también otras muchas caras, en la salud de quienes se quedan sin ayudas y los salarios de los nuevos empleos y la pobreza.