Conjugar la ambiciosa agenda verde impulsada por Bruselas –y aceptada en sus objetivos básicos por los 27– con los intereses económicos de los sectores afectados se está convirtiendo en uno de los principales desafíos para los gobiernos europeos. Las exigencias ambientales, que tienen como reto reducir en un 50% las emisiones en 2030 y la neutralidad climática a mediados de siglo, se suman a la tensión por las subidas de precios de carburantes o materias primas. Con una inflación que marcó máximos históricos en otoño y que aún no da tregua, se está generando un caldo de cultivo perfecto para la desafección en todo el continente.