La lupa de organizaciones internacionales se cierne sobre Chile con diversas misiones de observación con el objetivo de constatar las denuncias por violaciones a los derechos humanos mientras a nivel interno se debate sobre si el uso de balines de goma para reprimir las protestas fue excesivo.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet; la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional desplazaron al país austral sus equipos más preparados, y tras un mes de protestas, que han dejado 23 fallecidos, las conclusiones empiezan a aflorar.
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