
Las víctimas de la guerra civil (1980-1992) de El Salvador y las ONG que les acompañan cerrarán filas en torno a una ley de reconciliación nacional que fue aprobada el miércoles y a la que ellos consideran una "amnistía disfrazada" para proteger a los responsables e involucrados en crímenes de guerra.
La polémica Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada con los votos de 44 diputados, de 58 presentes en la sesión plenaria extraordinaria convocada por el presidente del Congreso, Mario Ponce. Trece parlamentarios votaron en contra y uno se abstuvo.
La normativa contó con el respaldo de 35 diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de 7 del Partido de Concertación Nacional (PNC), incluyendo a Ponce; y 2 del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos de centro derecha.
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