La Justicia Especial para la Paz (JEP) rechazó este viernes el sometimiento en su jurisdicción del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno (2008-2011) porque considera que las conductas por las que está condenado no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado.

El alto tribunal también rechazó el sometimiento de Iván Moreno, hermano menor del exalcalde y exsenador entre 2006 y 2011, porque desde su perspectiva los crímenes de ambos "fueron actos de corrupción encaminados a engrosar su patrimonio económico, el de otros servidores públicos y el de contratistas".

La Sala de Definición de la JEP detalló que los delitos cometidos por los hermanos Moreno tampoco "constituyeron aporte o contribución al esfuerzo general de guerra de ninguno de los grupos armados ilegales, ni estaban dirigidas a obtener una ventaja militar para alguno de ellos".

La ONU advirtió este viernes de la gran amenaza que la pandemia del coronavirus plantea para Haití, a pesar de que las cifras apuntan a que el país se está viendo mucho menos afectado que otros.

"Aunque los números confirmados de infectados y muertos palidecen en comparación con los de otros países en las Américas, la pandemia está poniendo al límite el sistema de salud ya frágil del país y poniendo a prueba su exigua protección social", señaló al Consejo de Seguridad la representante de la organización para Haití, Helen La Lime.

Según La Lime, tres meses después de la declaración de la emergencia sanitaria en el país, las autoridades siguen teniendo problemas para abrir centros médicos para la COVID.19 y, en un país con más de 11 millones de habitantes, apenas hay capacidad para tratar a unos centenares de personas a la vez.

Venezuela ha registrado 757 desapariciones forzadas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de este año, fecha para la que, al menos, 14 personas seguían en paradero desconocido, según un informe de la organización no gubernamental local Foro Penal que fue presentado este viernes.

El informe, publicado por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, que procesó la información recabada por la organización venezolana, examina estos casos que constituyen, a juicio de los realizadores, una práctica sistemática y de represión política por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

La desaparición forzada, explican, es un crimen de lesa humanidad que se produce cuando una persona es detenida y por más de 48 horas las autoridades no brindan ninguna información al respecto, una "práctica que reviste especial gravedad porque coloca a la víctima en un estado de absoluta indefensión".

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó este viernes 280 millones de dólares para Ecuador, como parte de los 700 millones que había comprometido como apoyo presupuestario para solventar las emergencias sanitaria, social y económica desatadas por la pandemia de la COVID-19.

Para el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, este respaldo demuestra que el país "está actuando con responsabilidad porque mantiene la confianza de la comunidad internacional, que se traduce en la entrega de recursos frescos a la economía".

Las condiciones de este nuevo crédito del BID son a 20 años plazo, cerca de seis de años de gracia y una tasa de interés del 2,11 %, aproximadamente, detalló el ministerio en un comunicado.

La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó este viernes a Ecuador a restringir las nuevas facultades que ha concedido a sus Fuerzas Armadas a la hora de intervenir en funciones de seguridad pública, porque considera que "podría alentar el uso de la fuerza letal" contra civiles.

"Un acuerdo ministerial adoptado para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, podría alentar el uso de la fuerza letal en circunstancias que van más allá de las permitidas según estándares internacionales de derechos humanos", advierte HRW en un comunicado difundido desde su sede en Washington.

La organización alerta que la resolución, adoptada el pasado 29 de mayo como Acuerdo Ministerial 179, dispone que "las operaciones militares deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos según estándares internacionales de derechos humanos".

Un trágico ritmo de más de 22.000 nuevos casos diarios ha lanzado a Brasil hasta la cifra del millón de contagiados por COVID-19. El ritmo de víctimas mortales durante la última semana de otoño ha sido de 1.200 fallecidos al día. Desde que el Gobierno Federal amagó con ocultar datos y modificó la forma de registrar las víctimas mortales que se iban originando durante la pandemia, un consorcio formado por los grandes grupos de comunicación brasileños lanza dos informes al día sumando las referencias publicadas por cada uno de los 26 estados (más el Distrito Federal de Brasilia). Las proyecciones de ese consorcio ya anuncian la cifra simbólica del millón, que este sábado será confirmada por los centros estadísticos de referencia en la pandemia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió este viernes que "el mundo laboral no puede ni debe ser igual que antes de la crisis" del coronavirus y reclamó medidas coordinadas a nivel mundial para crear "trabajo decente para todo el mundo".

"La pandemia ha puesto de manifiesto enormes deficiencias, fragilidades y fisuras", señaló Guterres en un mensaje en vídeo para presentar una iniciativa sobre el impacto de la enfermedad en el mundo laboral.

"Se habla mucho de la necesidad de una nueva normalidad después de la crisis. Pero no olvidemos que, antes del COVID-19 el mundo estaba lejos de ser normal.

La brasileña Vale, la mayor productora de hierro del mundo y la segunda de níquel, anunció este viernes que vendió una participación minoritaria de una de las mineras que controla en Indonesia para cumplir exigencias legales y poder seguir operando en ese país asiático.

El gigante brasileño informó en un comunicado que el grupo estatal indonesio Inalum adquirió por 290 millones de dólares el 20 % de la participación de la PT Vale Indonesia Tbk, la mayor productora de níquel en ese país y que es controlada por un consorcio integrado por Vale y por el grupo Sumitomo Metal Mining.

Más de medio centenar de países africanos que pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lance una investigación internacional sobre los abusos policiales contra los afroamericanos en EEUU no consiguieron su cometido y tuvieron hoy que resignarse con una resolución edulcorada sobre el tema.

Gracias a esto el Consejo pudo aprobar por consenso, sin necesidad siquiera de una votación, una resolución que condena la creciente violencia policial contra africanos y afrodescendientes, pero de manera general y sin mencionar en ningún momento a Estados Unidos, como se hacía en la versión original del texto.

La iniciativa africana pedía inicialmente la creación de una comisión internacional de investigación para EEUU, una fórmula a la que la ONU solo acude ante violaciones muy graves de los derechos humanos, pero que fue eliminada de la resolución aprobada.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó este viernes una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que ordenó en diciembre pasado a la compañía estadounidense Uber suspender su servicio en Colombia al considerar que la plataforma incurrió en competencia desleal.

El 20 de diciembre de 2019 la SIC sancionó a Uber al resolver una demanda que interpuso la compañía Cotech S.A, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis, lo que obligó a la plataforma estadounidense a salir del país a comienzos de este año, pero retomó su operación días después con otro modelo.

Los taxistas pidieron entonces que se bloqueara la aplicación al considerar que constituía una forma de "competencia desleal" que afectaba seriamente al gremio, pues no seguía las regulaciones de las empresas de transporte.