La factura de lo que España paga a Francia desde julio de 2017 por custodiar parte de sus residuos nucleares ya supera holgadamente los 100 millones de euros. A 31 de diciembre de 2020, las penalizaciones abonadas por Enresa (encargada de gestionar los residuos nucleares en España) a la francesa Orano (antigua Areva) por custodiar ese material en su planta en La Hague (Francia) ascendían a 96 millones. Son 30 millones más que un año antes y a estas alturas de 2021, el importe supera ya los 110 millones.

Ya hay sentencia del Supremo sobre su nueva doctrina acerca del abuso de la interinidad en una plaza vacante. Este lunes el tribunal adelantó unas breves notas sobre este cambio de criterio, por el que a partir de ahora establece que, con carácter general, una duración de una interinidad de este tipo "superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga", lo que implicará que el trabajador interino sea considerado 'indefinido no fijo'. La sentencia, que ha consultado este medio, detalla el caso en cuestión y los argumentos de los magistrados.

El Gobierno de Colombia ha comenzado a levantar las restricciones para frenar la propagación del coronavirus en medio del pico/meseta más agudo de la pandemia y con un ritmo de vacunación que apenas empieza a tomar velocidad de crucero. El lunes se registraron 648 fallecimientos y el país ya supera las 105.000 muertes registradas. En un comunicado público, 140 organizaciones médicas y científicas pidieron al presidente conservador Iván Duque aplazar la medida para aliviar el colapso hospitalario.  

Durante una reunión a principios de este mes con la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, y el epidemiólogo Michael Ryan, responsable de la gestión de emergencias sanitarias del mismo organismo, manifestaron su aprensión frente al levantamiento precipitado de las restricciones.

La Comisión Europea (CE) ha anunciado este martes la apertura de una investigación en profundidad para examinar si la compra de la aerolínea Air Europa por parte del grupo IAG, al que pertenece Iberia, pone en riesgo la competencia. Bruselas ha asegurado en un comunicado que le preocupa que la operación pueda reducir la competencia en las rutas aéreas nacionales españolas y en las internacionales con origen y destino en España para pasajeros.

"Examinaremos cuidadosamente si la operación propuesta afectaría negativamente a la competencia en las rutas nacionales, de corta distancia y de larga distancia con origen y destino en España, lo que podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad para los viajeros", dijo en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva responsable de la política de Competencia, Margrethe Vestager.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha vuelto a rechazar este martes la creación de una empresa pública de energía que defiende Podemos, aunque ha admitido que existen experiencias "interesantes" y hay que "pensar" en el "buen número de concesiones hidroeléctricas que han caducado o están a punto de caducar".

“Es importante escuchar a todo el mundo. Hoy por hoy no creemos que el modelo de recuperar dedicando una gran parte de recursos públicos a la recompra de una empresa privada tenga sentido.

Solo queda un día, pero los representantes de los trabajadores del SEPE no se resisten a admitir la pérdida de 500 efectivos. "Pedimos a Hacienda que reconsidere la decisión, que prorrogue a los refuerzos, pueden hacerlo", insiste Françoise Calvo, trabajadora del servicio público de empleo y representante de UGT. CCOO y CSIF también han urgido al Gobierno a que se retracte en el cese de estos interinos de apoyo al organismo por la emergencia de la pandemia en un momento "crítico", insisten.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este martes un real decreto para conceder 660 millones, ampliables a 1.320 millones de euros, en ayudas para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador y climatización con energías renovables.

Las ayudas se articularán en seis programas que repartirán un máximo de 900 millones para autoconsumo, 220 millones para almacenamiento detrás del contador y 200 millones para climatización y agua caliente con renovables. Las comunidades y ciudades autónomas los diseminarán por todo el territorio nacional hasta 2023.

El Tribunal Supremo ha establecido que el accidente ‘in itinere’ de un funcionario público, al ir o volver del trabajo, es consecuencia del servicio de manera que da derecho a percibir la pensión extraordinaria de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo corrige así a la Audiencia Nacional que falló en estos dos casos que los accidentes de tráfico que sufrieron los dos empleados públicos no eran accidentes "en acto de servicio" y, por tanto, no daban derecho a esta prestación especial.

Días clave para el futuro de CaixaBank. El banco y los sindicatos han llegado a la última jornada del periodo de negociación para el ERE, que originariamente afectaba a 8.200 trabajadores, sin que se atisbe un acuerdo. De fondo, la plantilla ha vuelto a parar en protesta contra este despido colectivo, con la segunda jornada de huelga en una semana. Según estiman desde los sindicatos, el 90% de las oficinas han cerrado este martes por las protestas y se ha vivido una caída del 95% en la actividad del banco.

El pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) valora “favorablemente” el mecanismo propuesto por el Gobierno para frenar la sobrerretribución de las nucleares e hidroeléctricas, los denominados beneficios caídos del cielo, por el encarecimiento del CO2 que no soportan estas dos tecnologías.

En un informe aprobado por unanimidad y publicado este martes, el pleno del súperregulador da su aval al mecanismo propuesto, aunque con matices: plantea librar del recorte a la eólica y las plantas de bombeo anteriores a 2005 y pide ajustes para eliminar posibles impactos sobre el precio del mercado mayorista; además, propone que los ingresos obtenidos sirvan para reducir el coste de la energía, y no se consideren ingresos regulados.