Una comisión creada a instancias del Gobierno birmano reconoció este lunes que la minoría musulmana rohinyá fue víctima de "crímenes de guerra" en 2017, pero negó que hubiera una "intención genocida" como apuntan investigadores de la ONU.
Las conclusiones de la comisión han sido recibidas con escepticismo por activistas de organizaciones como Amnistía Internacional, que han cuestionado su imparcialidad y pedido la publicación del informe final con la metodología usada para su elaboración.
En un comunicado, la Comisión Independiente de Investigación (ICOE, en sus siglas en inglés) anunció el final de su investigación de los ataques de un grupo insurgente rohinyá y la respuesta del Ejército birmano entre agosto y septiembre de 2017 y la entrega de un informe final al presidente birmano, Win Myint.
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