Desde el 13 de mayo, los disturbios han tomado Nueva Caledonia, el enclave francés de ultramar en el océano Pacífico y uno de los territorios pendientes de descolonización, según Naciones Unidas. El Parlamento francés ha propuesto una enmienda constitucional para reformar el censo electoral neocaledonio y extenderlo a las personas nacidas en el territorio desde 1998 o que han residido allí durante, por lo menos, diez años. La medida ha despertado disidencias entre los grupos indígenas canacos, que denuncian la influencia francesa en las decisiones políticas del territorio y los caldoches, simpatizantes con las decisiones de París.