Se abre una nueva etapa para la denuncia de la corrupción y las irregularidades en España. Al menos, eso es lo que pretende la ley de protección de los informantes, cuyo elemento central echa a andar este martes: fecha en la que las empresas de más de 250 empleados, las instituciones públicas de municipios de más de 10.000 habitantes, partidos políticos, ONG, sindicatos, asociaciones profesionales deberán haber implementado ya un canal de denuncias interno que permita a cualquier persona relacionada con ella alertar de forma anónima de irregularidades de las que haya sido testigo.