El precio del suelo urbano —suelo definitivo, listo para construir— se desplomó en toda España en el primer trimestre de este año, llegando a su nivel más bajo desde 2004, momento en el que empieza la serie histórica. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, el metro cuadrado se vendió a una media de 136 euros, frente a los 164 de 2020 y los 160 de 2019. La caída de precio se reparte por toda la geografía y es especialmente pronunciada en Zaragoza, Cuenca, Granada y Valladolid.

El número de consumidores domésticos acogidos a las denominadas "ofertas" de luz del mercado libre que publicitan las compañías eléctricas, más caro que la tarifa semirregulada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), marcó otro récord en enero, tras el anterior pico de precios que acompañó a la ola de frío que siguió a la llegada de la borrasca Filomena. 

Según el último Boletín de Indicadores Eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado este miércoles, en enero había en el mercado libre 16,14 millones de clientes con hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada, frente a los 10,69 millones de suministros acogidos al PVPC, un nuevo mínimo.

El pasado fin de semana, los líderes de las siete economías más avanzadas del mundo se reunieron en Cornualles (Inglaterra) bajo presión para actuar ahora ante la enorme desigualdad en la vacunación mundial contra la COVID-19. Pero, a pesar de las grandes declaraciones, los resultados de la cumbre del G7 han sido cuestionados por sus "pocos compromisos concretos, fuertes o profundos" en materia de salud.

Observadores de la reunión han criticado también que los dirigentes se quedaron muy cortos en cuanto a las donaciones de vacunas: prometieron compartir 870 millones de dosis con países de menos recursos, la mitad de ellas para finales de 2021 y el resto en 2022.

Diez sobresalientes y un notable. Es la nota que ha sacado el plan de recuperación español en Bruselas. El mismo plan criticado con fruición por PP y Ciudadanos y que servirá para recibir unos fondos que, según los partidos de Pablo Casado e Inés Arrimadas, estaban en peligro constantemente. España ha solicitado los 69.500 millones de fondos no reembolsables, de los 140.000 millones que dispone del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y, según la Comisión Europea, "el plan de recuperación y resiliencia de España contribuye de manera significativa a respaldar la recuperación económica del país y a contribuir a un futuro verde, digital e inclusivo".

La ley aprobada este martes por el Parlamento húngaro por la que se prohíbe, entre otras cosas, hablar sobre homosexualidad en las escuelas ha desatado una lluvia de críticas de las principales organizaciones de derechos humanos y colectivos en defensa de los derechos LGTBI.

Las polémicas medidas se encuadran en un proyecto de ley contra la pedofilia, en la que se prohíbe también exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha aprovechado este miércoles su presencia en la reunión anual del Cercle de Economia, en Barcelona, para criticar las diferencias en las carreras profesionales entre hombres y mujeres. "Las carreras van en paralelo hasta que se forma una familia", ha señalado. "Existe un impuesto a la maternidad, pero no para la paternidad", ha apuntado, remarcando que las normas en todos los países deberían ser "como España" y hacer "obligatorio" un permiso igual para hombres y mujeres.

Botín ha participado en una mesa junto con el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y el de Inditex, Pablo Isla.

Pedro Sánchez ha enfriado la posibilidad de subir el Salario Mínimo Interprofesional en 2021 ante la batalla que se abre ahora en el seno del Gobierno de coalición después de que el comité de expertos mandatado por el Ministerio de Trabajo haya culminado el informe sobre el crecimiento que debe producirse para alcanzar el objetivo de que se sitúe en el 60% del salario medio en España, que es lo que marca la Carta Social Europea y el compromiso del Ejecutivo para esta legislatura. Las posiciones son divergentes en los ministerios económicos: Nadia Calviño pretende que siga congelado mientras que Yolanda Díaz aspira a que se incremente este mismo año ante el crecimiento de los precios.

Aprobado. El plan español ha sido aprobado este miércoles, junto con el portugués, en un claro mensaje de que, en esta crisis, Bruselas sí quiere priorizar la salud económica del sur de Europa. Para ello ha viajado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Lisboa y Madrid este miércoles. El aprobado de Bruselas implica que da vía libre a los 69.500 millones en transferencias solicitados por España hasta 2023 –la otra mitad, en forma de créditos, aún no ha sido solicitada por España, y tiene hasta 2026 para hacerlo– y, para empezar, a 9.000 millones de prefinanciación por planes comenzados en febrero de 2020 que podrían llegar a partir de julio.

El Banco Central Europeo (BCE) ha destacado que casi todos los bancos han desarrollado planes para abordar los riesgos relacionados con el cambio climático, aunque ha advertido de que "ninguna de las entidades supervisadas" cumple con todas las expectativas de la institución al respecto, según ha señalado Frank Elderson, miembro del directorio del banco central y vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE.

"Todos están todavía muy lejos de cumplir con las expectativas de supervisión que hemos fijado", ha reconocido Elderson durante una conferencia, donde ha advertido de que todos los bancos "tienen varios puntos ciegos" y es posible que se encuentren expuestos a riesgos climáticos importantes.

El Parlamento húngaro ha aprobado con los votos del partido gobernante Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, una polémica normativa que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares y que ha sido calificada de "homófoba" por la oposición progresista.

Esas medidas se incluyeron dentro de un proyecto de ley, contra la pedofilia, en la que se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad.

Según la oposición progresista, colectivos de defensa de los derechos LGTB+ y la prensa que no está controlada por el Gobierno, la ley aprobada es especialmente dañina porque equipara la homosexualidad con la pedofilia.